La Defensoría del Pueblo de Pilar se sumó a la lucha de las bibliotecas populares

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) es uno más de los sectores que entraron en alerta desde que el Gobierno nacional presentó la Ley Ómnibus, y más allá de la lucha y negociaciones que se llevaron adelante en los últimos días para la modificación de la iniciativa, todavía no hay nada definido sobre cómo se afectaría el financiamiento de estas instituciones con el proyecto que debate el Congreso.

En ese marco, la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) se manifestó en apoyo de las bibliotecas populares de todo el país, y desde Pilar se adhirió al acompañamiento.

La Defensoría del Pueblo local que encabeza Adrián Maciel, se pronunció “enérgicamente en defensa de las bibliotecas populares en el marco de las discusiones sobre las modificaciones propuesta a la ley que regula estas instituciones a nivel nacional”.

En ese sentido, manifestaron que “las bibliotecas populares son pilares fundamentales en nuestras comunidades, desempeñando un papel esencial en la promoción del acceso a la información, la cultura y la educación”.

Y continuaron: “Por ello, resulta indispensable la preservación del Fondo Especial para Bibliotecas Populares con asignación específica del que goza desde 1986 con el dictado de la Ley 23.351 y que, en noviembre de 2022, fue prorrogado por 50 años habida cuenta de que proviene de impuesto a los premios otorgados en los juegos de azar”.

Tal como señalaron en esa línea, “la distribución federal y transparente de ese Fondo que realiza la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) aporta previsibilidad a la labor cotidiana, ayuda en las contingencias especiales y dota de capital tecnológico y capacitación a las más de 1.500 bibliotecas adheridas a la red”.

Finalmente, la Defensoría pilarense en concordancia con la ADPRA, destacó: “Por todo lo dicho anteriormente, instamos a las autoridades a mantener un diálogo abierto con las bibliotecas populares y sus comunidades, para garantizar que cualquier modificación a la ley refleje adecuadamente las necesidades y desafíos que enfrentan estas instituciones”.

Y concluyó: “Además, hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto a reconocer el valor de las bibliotecas populares y a participar activamente en la preservación de estos espacios como activos fundamentales para el desarrollo integral de nuestras comunidades”.