La Justicia ordenó al gobierno poner en funcionamiento la Universidad Nacional de Pilar

En medio del conflicto entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales por su financiamiento, la Cámara Federal de San Martín falló en contra del Poder Ejecutivo y confirmó que el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, debe habilitar el funcionamiento de la Universidad Nacional de Pilar.

Los jueces de la Sala I de la Cámara, Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández, ratificaron un fallo de primera instancia que había declarado inconstitucional una resolución del Ministerio de Capital Humano. Esta resolución, emitida en febrero, había suspendido el inicio de las actividades de la nueva universidad, argumentando la necesidad de revisar el proceso administrativo de su creación. Sin embargo, los magistrados señalaron que los actos realizados hasta el momento para poner en marcha la universidad “produjeron efectos y generaron derechos subjetivos en sus destinatarios”, creando inseguridad jurídica al intentar revertir lo ya establecido.

El conflicto comenzó en septiembre del año pasado, cuando el Congreso de la Nación aprobó una ley que creaba cinco nuevas universidades, entre ellas, la de Pilar. Para el caso de Pilar, fue designada como rectora organizadora la exconcejal Elizabeth “Lizzie” Wanger, y obtuvo la aprobación de un estatuto provisorio. En diciembre, el gobierno de Alberto Fernández transfirió 400 millones de pesos para su puesta en marcha.

Sin embargo, el 26 de febrero, bajo la administración de Milei, el Ministerio de Capital Humano emitió la resolución 45, suspendiendo la creación de las nuevas universidades. Alegaba que era necesario revisar el cumplimiento de la Ley de Educación Superior y la viabilidad financiera de estas instituciones. Ante esta medida, la rectora Wagner presentó un amparo, que fue aceptado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien declaró inconstitucional la decisión del gobierno, argumentando que una resolución ministerial no puede contradecir una ley sancionada por el Congreso.

La Cámara Federal de San Martín, al confirmar el fallo de primera instancia, argumentó que las resoluciones administrativas previas, necesarias para la creación de la Universidad Nacional de Pilar, no habían sido objetadas y que generaron derechos que no pueden ser alterados. Los jueces subrayaron la importancia de la "seguridad jurídica" y alertaron sobre los riesgos de permitir que la administración modifique actos previamente establecidos, lo que generaría inestabilidad e imprevisibilidad para los ciudadanos.

El fallo ordena que el gobierno permita el inicio de actividades de la Universidad Nacional de Pilar. No obstante, el Poder Ejecutivo aún tiene la opción de apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.