Fumigaciones: “Nadie va en contra al derecho a trabajar, sino a favor del derecho a la salud”

Días atrás, se dio a conocer que el pasado 1° de diciembre el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro, a cargo del juez Luciano Enrici, ordenó a un productor que no fumigue con agroquímicos los terrenos lindantes a un barrio privado de Pilar.

De esa manera, rige una medida cautelar que apunta a suspender las pulverizaciones y fumigaciones en una distancia mínima de 1.000 metros del country Larena y otros dos barrios.

Pero esta historia se remonta mucho más atrás, según lo que la abogada del principal damnificado contó a Resumen. Se trata de Macarena Zarza, quien trabaja en el caso de Bruno Assmann, vecino del mencionado country que “en febrero de 2022 se encontraba dentro de su propiedad, que está a unos 10 metros del alambrado perimetral del barrio, el cual lo divide de un campo gigante”, indicó la letrada. “Estaba caminando cuando vio pasar un ‘mosquito’ fumigando, el cual lo mojó con un líquido blanco nauseabundo. En las semanas siguientes se empieza a sentir mal, con síntomas similares al Covid, dificultades respiratorias, pero al que también se sumó ardor en la piel y los ojos”, continuó.

“Ante esto llama a la Policía del Parque Industrial para que intervenga y luego comienza a tratar de hacer una denuncia porque se sentía mal y entendía que eso era un líquido nocivo para la salud”, relató la abogada.

Así fue como apoyado por grupos ambientalistas y asesores legales, se logró radicar una denuncia en la UFI N°4 de Pilar a cargo de Gonzalo Agüero. “Allí se comenzó con la investigación sobre los campos, para saber quién era el dueño y quien lo alquilaba. Y paralelamente se presenta un amparo con una medida cautelar en el juzgado de San Isidro, porque se trataba de parar la fumigación mientras se avanzaba en el caso”, sostuvo Zarza.

Si bien esa medida llegó a buen puerto en diciembre, la letrada indicó que la prohibición “se incumplió al menos dos veces en este tiempo, lo que configura el delito de desobediencia y pasó al fuero penal donde sigue a cargo el Dr. Agüero”.

En tanto, buscó dejar claro que “acá nadie va en contra al derecho a trabajar, sino que vamos a favor del derecho a la salud”, y tildó la situación como un hecho de gravedad en ese sentido. “Bruno Assmann se hizo análisis y le encontraron una gran cantidad de glifosato en sangre y orina. Hay otra vecina del barrio que se encuentra diagnosticada con cáncer y un especialista en toxicología le dijo que los agroquímicos influyeron en su enfermedad. En la zona hay un arroyo que llega a Exaltación de la Cruz, donde también hay muchos de estos casos por el uso de estos productos, y mientras tanto en Pilar no hay regulaciones sobre el tema”, remarcó.

Asimismo, afirmó que “para estas prácticas se deben presentar ante el Estado documentación sobre que se va a cultivar, los productos que se van a utilizar, y una serie de cuestiones para que exista un control y no se vulneren otros derechos, pero acá no había ningún tipo de cuestión administrativa”.

Finalmente, frente a un caso que parece introducir al distrito en un tema sensible que ya se vive en varios rincones de la provincia, Zarza culminó con el pedido de mayor presencia del Estado, y argumentó que “en la medida cautelar se pide a la Municipalidad de Pilar que haga controles con su cuerpo de inspectores para que se cumple la prohibición”.