El acceso a la vivienda propia en nuestro país hace años se ha vuelto una odisea y para muchas familias, el comprar un terreno significa no solo poner allí todos sus ahorros, sino embarcarse en decenas de préstamos.
Lamentablemente, en más de una oportunidad, los estafadores se aprovechan de este sueño de conseguir el hogar propio. Esto les ocurrió a 70 familias que compraron terrenos en el barrio Ferrum de Villa Rosa: después de dos años de haberlos adquirido, de buena fe, se encuentran al borde de un desalojo.
“Nosotros compramos hace dos años, a Miguel Larosa, que vivía acá en el predio. Tenía papeles de compra y venta, que se lo compró a un tal Azzara, en 2009. Tenía los informes de dominio, todo firmado por abogados. Después de comprar, algunos empezamos a edificar, a venir a vivir y a los seis meses nos encontramos con que había una causa penal”, explicó Brian Alfonso, uno de los damnificados, a Diario Resumen y agregó que ahora saben que todos esos papeles que les dio el vendedor eran apócrifos.
El vecino, añadió: “tenía una orden de desalojo de hacía seis meses. Pasaron dos meses, él se fue porque apareció el supuesto dueño real, que no tenía papeles. El hombre se dio a la fuga y quedamos todos dentro de esta causa, las 70 familias que compramos”.
Tras buscar ayuda de abogados para comprender qué era lo que estaba ocurriendo, Alfonso indicó que finalmente la causa penal se cerró “por falta de papeles” ya que quienes afirmaban ser los dueños reales, no presentaron la escritura ni ningún otro documento.
Sin embargo, dos años después, todo ha cambiado y Alfonso –que ha sacado un préstamo a nombre de él y otro de su esposa para poder pagar el terreno y construir – contó que hace algunos días les informaron que el presunto dueño inició un desalojo civil. “Ya presentó la declaratoria de herederos, escritura, todo. De repente, aparecieron todos los papeles. A nosotros quién nos devuelve todo lo que pusimos acá en el terreno, nos estafaron, hay más de 35 familias viviendo acá con chicos, a dónde va a ir esa gente”, lamentó.
Los damnificados se acercaron al Municipio, pero no recibieron respuesta. “Nosotros solo pedíamos contención, un apoyo”, dijo y contó que también se dirigieron hacia la Defensoría del Pueblo, para recibir asesoramiento legal, que es lo que más necesitan, y que continuarán buscando respuestas.
El 3 de mayo, podrían enfrentar un desalojo. “Estamos desesperados. En unos días nos llega la notificación y tenemos 10 días para responder con abogado, si no respondemos, no sabemos cuándo pueden sacarnos”, dijo.
“No queremos usurparle a nadie, no somos usurpadores, nosotros fuimos estafados. Hay familias con chicos, personas con problemas de salud, chicos discapacitados y la impotencia es que no nos podemos defender, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible”, cerró Brian Alfonso.
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