Edenor deberá resarcir con más de 90 mil pesos a usuarios por errores en la facturación

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) determinó que la distribuidora metropolitana Edenor que presta servicio eléctrico en el partido de Pilar, deberá resarcir a 320 usuarios con 91.876 pesos para cada uno al haberse comprobado errores en la facturación.

Lo hizo a través de una serie de resoluciones colectivas de la División de Gestión de Reclamos del ente que establecen que Edenor deberá acreditar, dentro de los próximos 10 días hábiles administrativos, los más de 90 mil pesos en la factura de cada persona usuaria, pudiendo éstas solicitar el cobro en efectivo o mediante una transferencia bancaria.

Asimismo, el comunicado dado a conocer por el ENRE también planteó que la empresa deberá eliminar todos los intereses y recargos generados como consecuencia del error en la facturación.

Vale destacar que, en todos los casos analizados, el organismo regulador verificó que la empresa distribuidora no había dado una respuesta adecuada ni oportuna a los reclamos realizados por los usuarios.

En tanto, también se constató que Edenor no había dado la información suficiente con la frecuencia prevista en el régimen tarifario ni la anticipación correcta, según lo establecido en el Reglamento de Suministro.

Por su parte, el interventor del ente, Walter Martello, señaló que “ante cualquier duda o discrepancia con los consumos facturados, es fundamental que los usuarios continúen reclamando ante las empresas distribuidoras, para que el ENRE siga aplicando este tipo de resarcimientos”.

A mediados de agosto último, el ENRE emitió una resolución colectiva mediante la cual hizo lugar a 156 reclamos de usuarios de Edesur, luego de haber confirmado errores en la facturación del servicio y una deficiente respuesta por parte de la empresa distribuidora. A través de esa medida, el ente determinó resarcimientos por 89.972 pesos para cada usuario.

En esa oportunidad, el organismo regulador comprobó que en todos los casos analizados los consumos impugnados por los usuarios no tenían concordancia con los consumos históricos, y que por lo tanto la facturación resultaba desproporcionada y excesiva.