Rigen las clases virtuales en el AMBA y Provincia ratifica sanciones para los colegios que incumplan

Rigen las clases virtuales en el AMBA y Provincia ratifica sanciones para los colegios que incumplan

El dictado de clases virtuales comenzó este lunes y se extenderá por dos semanas en escuelas de 35 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El dictado de clases virtuales comenzó este lunes y se extenderá por dos semanas en escuelas de 35 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que el Gobierno bonaerense ratificó que los colegios que incumplan con la medida tendrán sanciones.

En el marco de la polémica generada después de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires fallara ayer a favor de la presencialidad de las clases en ese distrito, desde el Gobierno bonaerense, ratificaron la decisión de acatar el DNU presidencial.

“No afecta en lo más mínimo a lo que va a suceder en la Provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos adoptado todas las medidas al pie de letra como nos instruyó nuestro Gobernador”, dijo anoche Carlos Bianco en declaraciones a A24.

Tras asegurar que la determinación de la Ciudad es “poco solidaria” en un contexto epidemiológico sin precedentes, el jefe de Gabinete sostuvo que el fallo “es una decisión apurada y una maniobra política”.

En ese sentido, respecto a las escuelas privadas que amenazaron con abrir sus puertas, el jefe de ministros sentenció: “Saben que serán sancionadas como corresponde y esas pueden ser multas o inhabilitación, porque están dentro del sistema provincial, no están flotando”.

Cabe señalar que la Dirección General de Cultura y Educación informó que las instituciones educativas que hoy abran sus puertas para recibir alumnos podrían quedarse sin subsidios -en caso de que actualmente los reciban- o sin las exenciones impositivas de las que sean beneficiarios.

Destacaron desde Educación que, además, existe la posibilidad de que se le revise y suprima la habilitación como colegios reconocidos por la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), con lo que no podrían funcionar.

En ese sentido, ayer el gremio Sadop La Plata informó que “luego de los reclamos y denuncias presentados por SADOP y de la decisión del Gobierno provincial de sancionar fuertemente a propietarios inescrupulosos de escuelas de gestión privada, que pretendían estar fuera de ley, el propietario del colegio Patris ha decidido acatar el decreto de suspensión de clases presenciales en los tres niveles educativos”.

Paralelamente, anoche, las autoridades del colegio Esseri enviaron una nota a los padres en la que plantearon que hoy no abrirán sus puertas para dictar clases presenciales, aunque sí realizarán un “abrazo simbólico” a la institución.

En ese marco, el ministro de Salud, Daniel Gollan, insistió en su cuenta de Twitter que el problema no son las clases, sino la circulación que genera la actividad escolar.

Protestas y más amparos

En tanto, transportistas escolares realizaban este lunes protestas en inmediaciones de la Dirección General de Cultura y Educación en La Plata, mientras que se realizaban “abrazos simbólicos en algunos colegios” para pedir por la presencialidad.

En medio de la polémica, el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, presentó en las últimas horas, con sus colegas de bancada, un recurso de amparo ante la Justicia platense para pedir que se garantice el dictado de clases presenciales.

“Recurrimos a la Justicia para defender la educación de los chicos, ante la repetición de errores y fórmulas que no funcionaron en 2020 por parte del presidente y del gobernador, me veo en la obligación moral, no solo como funcionario público, sino también como padre, de presentar un recurso de amparo para defender el Derecho Humano a la Educación”, dijo Lipovetzky.

El amparo lleva la firma además de los diputados bonaerenses Diego Rovella y Emiliano Balbín y un grupo de padres de escuelas públicas y privadas de la ciudad de La Plata porque consideran al accionar del gobierno nacional y provincial como “irresponsable” y “contrario al Derecho Humano a la Educación”.

“La experiencia del 2020 nos demostró que la virtualidad no es suficiente, ni satisfactoria. La falta de presencialidad ocasiona un grave perjuicio a los niños, niñas y adolescentes, sumado a que, no hay datos científicos ni epidemiológicos que justifiquen la no presencialidad”, detalló Lipovetzky. (DIB)

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