Pádel Clandestino: siguen las indagatorias y un ex funcionario pidió probation

El hecho fue el 28 de junio en La Palmera, ubicado en el predio del Club Atlético Pilar. La justicia investiga si además de los 16 aprehendidos hubo más involucrados y si hubo más actividades deportivas anteriores. Las indagatorias seguirán hoy y mañana.

El pasado 28 de junio, en plena vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, un grupo de 16 personas violó la cuarentena para jugar un torneo de pádel en el predio de La Palmera, ubicado en la Ciudad Deportiva del Club Atlético Pilar.

Entre ellos se encontraba Fernando Lauría, un funcionario de la municipalidad de Tigre, que tuvo que dejar su cargo y quien pidió la suspensión de juicio a prueba. Además, fue señalado Luis Lobo ex subsecretario de Deporte de la Ciudad, ya que también abandonó el cargo mientras dure la investigación y se dijo que Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior también estuvo presente, aunque aún no fue confirmado judicialmente.

Este miércoles, el juez federal de Campana a cargo de la causa, Adrián González Charvay, indagó por videollamada a siete de los 16 imputados por haber participado  en el torneo. Los siete se negaron a declarar.

Fernando Lauría, ex secretario general y de Economía de la Municipalidad de Tigre, Gustavo Melnyk y Adrián Chanteiro, fueron los primeros en ser indagados. Sin embargo, le solicitaron al magistrado la probation, informaron fuentes judiciales a Télam.

Además, fueron indagados Matías Medina, administrador de La Palmera, Claudio Herreros y Jorge y Jonatan Correa, quienes hasta el momento no realizaron un pedido en igual sentido que los anteriores acusados.

Las indagatorias continuarán hoy jueves y mañana, de manera virtual, con los restantes nueve imputados.

En efecto, a los 16 acusados se los investiga por el incumplimiento del artículo 205 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Al tratarse de una escala penal que no excede los tres años, los imputados tienen la posibilidad de solicitar la denominada “probation”, que implica que se hacen cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible. Este pedido se hace ante el juez de la causa, quien es el que debe resolver si hace lugar o no al mismo.