La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su rechazo a la reciente sentencia de la Justicia en lo Civil y Comercial Federal que prohíbe a los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación y atribuidos a la Secretaría General de la Presidencia.
La entidad recordó que ha cuestionado de manera constante toda decisión de funcionarios públicos que implique impedir la difusión de información, especialmente cuando se trata de hechos vinculados a autoridades estatales o de interés institucional. En este sentido, señaló que la resolución judicial constituye un nuevo ejemplo de órdenes estatales que restringen de forma ilegítima las libertades de expresión y de prensa.
ADEPA subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, salvo en casos que involucren la protección de la infancia y la adolescencia, cualquier medida preventiva que limite la circulación de información afecta la libertad de pensamiento y de expresión.
En su comunicado, la asociación precisó que la publicación de informaciones puede dar lugar a responsabilidades ulteriores, y que el gobierno tiene las herramientas necesarias para investigar y sancionar posibles delitos relacionados con la grabación de los audios, así como para aplicar sanciones a los funcionarios que eventualmente hayan violado sus deberes de secreto.
Sin embargo, advirtió que las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y lesionan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que, independientemente de su naturaleza, pueden influir en la formación de la opinión pública.
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