El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resolvió habilitar la feria judicial de enero para no retrasar la investigación por presunto lavado de activos que involucra al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio y a su entorno. La decisión busca obtener una prueba clave desde España, en colaboración con organismos internacionales.
La investigación, iniciada tras una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), apunta a movimientos patrimoniales sospechosos de D’Onofrio y varios allegados.
Otros imputados incluyen al exdirector de Fiscalización y Control, Fernando Asencio; Agustina Cuadra; el juez de faltas Mario Quattrochi; Claudia y Roxana Elma Pombo; y Héctor Marcelo Suárez Basail, empleado de la Cámara de Diputados bonaerense.
Además de los movimientos financieros, la investigación también indaga sobre un posible esquema de recaudación irregular mediante el sistema de fotomultas, donde presuntamente se ofrecía eliminar infracciones a cambio de una comisión.
El caso está dividido en múltiples expedientes: una parte en La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y otra en el juzgado federal de Campana, donde se profundizan las pesquisas sobre el presunto lavado de activos.
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