Este viernes, tras la disposición del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se llevó a cabo un allanamiento en una financiera y en una peluquería que operaban dentro del hotel Sheraton de Pilar, en el marco de la investigación que involucra al ex ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, y a varias personas de su entorno cercano.
El operativo comenzó en la mañana y se extendió hasta media tarde, con la participación de efectivos de la Prefectura Naval y de la Policía Bonaerense.
Los allanamientos se realizaron en la sede de Token Capital, una sociedad inscripta ante la AFIP y dedicada a actividades de “asesoramiento financiero, préstamos, y hasta análisis de negocios”.
Según una denuncia presentada por la Coalición Cívica, que fue revelada por Infobae, la financiera no contaría con la habilitación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni con la autorización del Banco Central para operar.
A pocos metros de allí, dentro del mismo hotel, funcionaba la peluquería “Hairspray Studio”.
Durante los procedimientos, los agentes fueron instruidos para secuestrar toda la documentación vinculada a la causa, incluyendo agendas, anotaciones de los empleados, contratos de locación, facturas y recibos relacionados a la explotación de los locales.
La orden judicial también especificaba la búsqueda de “toda información vinculada a las personas investigadas en las actuaciones, de los registros transaccionales de los aquí involucrados, y/o cualquier elemento que pudiera resultar de interés para la presente investigación, autorizándose al uso de la fuerza pública y/o requerir la presencia de un cerrajero, en caso de que fuera estrictamente necesario”.
Además, el juez González Charvay solicitó al hotel Sheraton la presentación de los contratos comerciales con Token Capital, Equity Financial SRL y Hairspray Studio.
La denuncia de la Coalición Cívica, que forma parte de un legajo reservado dentro de la causa principal, comenzó su curso en la Unidad de Información Financiera (UIF) y luego fue derivada a la investigación del fiscal Álvaro Garganta. La semana pasada, se sumó al expediente por lavado de dinero.
La investigación judicial está dividida en varios expedientes, con al menos tres causas en la Justicia provincial. En el juzgado federal de Campana se investiga si existió una maniobra de lavado de dinero.
Antes del inicio de la feria judicial, el juez ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de los imputados y dispuso una serie de medidas de prueba para investigar el patrimonio de D’Onofrio y su círculo cercano.
También se investiga un posible esquema de recaudación millonaria mediante fotomultas, en el que D’Onofrio podría haber estado involucrado junto a gestores que ofrecían la eliminación de multas a cambio de una comisión de entre el 30% y el 50% del monto original. En este entramado también estarían implicados funcionarios judiciales, estatales y varias concesionarias.
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