Por la profesora Silvia Villamagna
Presidente de la Junta de Estudios Históricos de Pilar
Luego de la revolución de Mayo, suceden diferentes formas de gobierno “ejecutivo” en las Provincias Unidas: la 1º Junta que se amplía a la Junta Grande con los representantes del interior, dos Triunviratos y un Director Supremo. Una vez resuelta la Guerra de la Independencia, y declarada el 9 de julio de 1816, el debate se centra en la forma de organización de la futura Argentina. Este debate abriga sustancialmente un dilema más profundo, aún hoy sin resolver: el centralismo o unitarismo (que promueve a la ciudad de Buenos Aires como centro de la organización) y el federalismo (en defensa de las provincias). La cuestión radicaba en la preponderancia o subordinación de los habitantes del interior hacia una ciudad, “la hermana mayor”, que ostentaba las rentas de la aduana y el tráfico del puerto.
El nuevo director supremo, José Rondeau, decidió continuar con la estrategia de Pueyrredón, y pidió ayuda a las fuerzas de Portugal, que ocupaban la Banda Oriental, para aplastar las provincias federales de Corrientes y Entre Ríos (felizmente el gobernador portugués no quiso comprometerse).
Nominalmente, Estanislao López era un subordinado de Artigas. Artigas le ordenó atacar Buenos Aires, enviando en su ayuda al caudillo Francisco Ramírez, de Entre Ríos. Con él venía también Carlos María de Alvear, el ex gobernante unitario, pero que pensaba usar a los federales para recuperar al poder en Buenos Aires. Y también José Miguel Carrera, que intentaba regresar a Chile a tomar nuevamente el gobierno, y Pedro Campbell, un marino irlandés que mandaba las fuerzas correntinas.
Como de costumbre, Rondeau llamó en su auxilio al Ejército del Norte, pero éste se negó a seguir la guerra civil en el motín de Arequito y regresó a Córdoba. De modo que el Director quedó solo frente a los federales, (representadas por Estanislao López de Santa Fe y Francisco Ramírez, de Entre Ríos) que lo derrotaron en la batalla de Cepeda, el 1º de febrero de 1820. En esa lucha del poder central y las provincias, el Director Supremo de las Provincias Unidas cae, y las fuerzas del interior son quienes intentarán formar un nuevo escenario.
Un nuevo actor aparecerá en escena entonces, el 1º gobernador de la Provincia de Buenos Aires. El 16 de febrero de 1820 reunidos en esa asamblea eligieron los integrantes de la nueva institución de la provincia, recientemente constituida, la Junta de Representantes. La Junta, que por el momento sólo representaba a la ciudad, nombró en carácter de gobernador provisorio a Manuel Sarratea, que propició un acercamiento con los caudillos.
El 23 de febrero de 1820 los gobernadores de las tres provincias del litoral: Estanislao López (Santa Fé), Francisco Ramírez (Entre Ríos) y Manuel Sarratea (Buenos Aires) firmaron el Tratado del Pilar, que estableció la paz en primer lugar. Esta es la contundente manifestación de federalismo de la que nuestro partido fue protagonista.
El campamento estaba reunido cerca de La Montonera, donde el ejército encontraba agua y alimentos para sus caballos. Los gobernadores invocan a “Nuestra Señora del Pilar” para que vele por este importante acuerdo, cuya veneración por más de un siglo estaba asentada en los pagos del Pilar Viejo.
Vicente Fidel López, testigo presencial, traza la siguiente semblanza del gobernador Sarratea y de la entrevista de éste con Ramírez: "vivo y ágil, tenía la más completa tranquilidad para acceder y faltar a toda clase de compromisos. Soltaba las palabras, las promesas, los arreglos y las conveniencias, accediendo siempre a todo aquello que podía sacarlo de la dificultad presente; y contando con que, por los mismos juegos, podía salir de todas las dificultades, cualquiera que fuese el que se clavase, o la deslealtad que lo pusiese a sus anchas. Por sorprendentes que sean estas habilidades en el manejo de los expedientes, rebajan indudablemente el nivel moral de los hombres que las tienen, y casi nunca pasan a ser instrumentos poco apreciables. Pero no hay que negar que, en muchas ocasiones, despejan dudas y sirven para poner expedita la vía".
Entraba, pues, Sarratea en el campo de los montoneros, se hizo recibir bien y lo prometió todo con exquisita facilidad. No existe ningún documento que ponga en claro cómo se desarrollaron las conversaciones previas a la firma del tratado de paz. Pero, por lo que resulta al término de ellas, puede suponerse que las exigencias de Ramírez son de naturaleza muy diversa. Unas, de fondo, se relacionan con el contenido del tratado en trámite. Otras, más bien de forma, corresponden al pago de "los gastos de la guerra", que en este caso, como en casi todos los de la historia, al término de una contienda, han de correr a cargo del vencido, en esta oportunidad, Buenos Aires. Ramírez reclamaba, dinero, soldados para él y para su lugarteniente el militar chileno José Miguel Carrera, fusiles, sables, municiones, monturas y algunas embarcaciones de la escuadrilla porteña, para trasladar todos estos elementos a la provincia de Entre Ríos.
Sarratea acepta todas las condiciones que el vencedor impone, pero cuando Ramírez habla de penetrar en Buenos Aires con sus tropas, y de la necesidad de que sea disuelta la Junta de Representantes, Sarratea comienza a poner reparos, aunque sin negarse a nada, respondiendo, y estas también son las palabras del doctor Vicente Fidel López, que "en cuanto a fusiles, sables, municiones, monturas, escuadrillas y dinero, ninguna dificultad se ofrecería; pero el ejército federal no debía pretender por lo pronto entrar a la ciudad; porque con eso se corría el riesgo de indignar el orgullo de los porteños, sin ventaja positiva. El sabía que la Junta de Representantes estaba compuesta por enemigos suyos y de los federales; pero sólo haciendo la paz podía asegurarse bien como gobernador, y contar con fuerza moral y partido para cambiar completamente esos estorbos".
Ramírez acepta estos razonamientos y el 23 de febrero de 1820 acepta firmar con Sarratea el histórico Tratado del Pilar, del cual conocemos fehacientemente su parte pública, y de la secreta nos ocuparemos más adelante. La parte que se hace pública no contiene una cláusula que merezca la más remota crítica, ni de parte de los más enconados enemigos de los jefes federales que lo imponen.
El doctor Vicente Fidel López, siempre dispuesto a encontrar irregularidades en los procedimientos de Ramírez, admite que la principal - él dice única - importancia del Tratado impuesto por el caudillo entrerriano consiste "en el propósito intimo que revelan los pueblos disidentes de reconstruir su preciosa nacionalidad. Ninguno renegaba de ser argentino, ninguno pretendía formar republiquita, sino que miraban como una gloriosa herencia de todos la comunidad de la patria y la unidad del carácter nacional. Este organismo íntimo de la vida argentina, respetado por los caudillos de Entre Ríos y Santa Fe, fue consagrado por el convenio del Pilar como una aspiración nativa de los pueblos".
El general Mitre, también enemigo de aquel, pero mucho más sereno y ecuánime en sus juicios, sostiene que ese Tratado es: "la piedra fundamental de la reconstrucción argentina bajo la forma federal". Y luego agrega que: "esa Convención revela un plan de organización futura, traza rumbos generales, establece nuevas relaciones políticas entre los pueblos, y fija reglas generales de derechos políticos con propósitos coherentes. Es un nuevo pacto político con arreglo a un nuevo sistema de Gobierno que, de hecho, tiende a convertirse en derecho. Dos grandes principios dominan ese Tratado: la nacionalidad y la federación. Las partes contratantes, interpretando el voto de la nación, se reconocen parte integrante de la nacionalidad argentina, y al firmar la paz, sellan nuevamente la unión, considerando el aislamiento como un accidente pasajero. Admiten la federación simplemente como un hecho, y libran su resolución a lo que en definitiva declaren los diputados de los pueblos libremente elegidos, sometiéndose de antemano a sus deliberaciones".
El Tratado del Pilar
Después de una introducción, en la que se deja constancia de que las partes contratantes resuelven poner fin a la guerra, para "concentrar sus fuerzas y recursos en un gobierno federal", contiene doce artículos, cuya síntesis es la siguiente:
1º Las provincias signatarias se pronuncian a favor de la federación, con la aclaración de que tal pronunciamiento deberá ser confirmado o no por los diputados de todas las provincias, en un Congreso que ha de reunirse en el Convento de San Lorenzo "a los sesenta días contados desde la ratificación de esta Convención".
2º Las hostilidades cesan el mismo día de la firma del tratado, debiendo retirarse "las divisiones beligerantes de Santa Fe y Entre ríos a sus respectivas provincias".
3º Los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, "recuerdan a la heroica provincia de Buenos Aires, cuna de la libertad de la Nación", la difícil situación en que se encuentra la Banda Oriental, invadida por un ejército extranjero, "y aguardan de su generosidad y patriotismo auxilios proporcionados a la orden de la empresa, seguros de alcanzar cuanto quepa en la esfera de lo posible".
4º Establece que las aguas de los ríos Paraná y Uruguay sólo podrán ser navegadas libremente por embarcaciones de las provincias amigas "cuyas costas sean bañadas por dichos ríos".
5º Decreta una amnistía general.
6º Fija ante cualquier diferencia que pueda surgir, respecto de los límites provinciales, será sometida "a la resolución del Congreso General de Diputados".
7º Las partes contratantes admiten, "porque esta medida es muy particularmente del interés de los jefes del ejército federal", que la causa principal de la guerra, la deposición del régimen directorial, "ha sido obra de la voluntad general por la repetición de crímenes con que comprometía la libertad de la Nación, con otros excesos de una magnitud enorme".
8º Declara libre el comercio de armas entre las provincias federales.
9º Ordena la libertad de todos los prisioneros de guerra "después de ratificar esta convención".
10º Aunque las partes contratantes estén convencidas de que todos los artículos arriba expresados son conformes con los sentimientos y deseos del Capitán General de la Banda Oriental, José Artigas, según lo expresado el señor Gobernador de Entre Ríos, que dice estar autorizado por dicho señor excelentísimo para este caso; "no teniendo suficientes poderes en forma, se ha acordado remitirle copia de esta acta para que, siendo de su agrado entable desde luego las relaciones que pueda convenir a los intereses de la provincia de su mando, cuya incorporación a las demás federadas se miraría como un dichoso acontecimiento".
11º Determina las condiciones en que abandonarán la provincia de Buenos Aires las tropas federales, "a las 48 horas de ratificados estos tratados".
12º Por fin, precisa en dos días el término concedido para aquella ratificación, "o antes, si fuese posible")
Sitio histórico del lugar de la firma del tratado
Si bien en el acta del acuerdo dice que fue firmado en "la Capilla del Pilar" no necesariamente debemos suponer que su escenario fue el templo religioso, ya que era costumbre citar el paraje por la referencia de su iglesia que era el centro del pueblo.
Días antes del encuentro y las deliberaciones con Sarratea, Francisco Ramírez había movilizado su ejército desde Luján y acampado en el Pilar, muy cerca del río Luján. Precisamente un vado situado en este cauce que tomó el nombre de "Paso de la Montonera", guarda relación con el afincamiento de las tropas federales y era utilizado para pasar con sus caballadas y desplazarse a otros puntos de la campaña.
En el plano de Bartolomé Muñoz de 1820 podemos ver en líneas punteadas los caminos de la época utilizados para cruzar el Río Luján. A la altura de la Parroquia del Pilar se pueden observar dos senderos, que luego de trasponer el río, uno se dirige en dirección a la Villa de Luján y el otro hacia el pueblo de Capilla del Señor, atravesando este último el campo hoy conocido como “La Montonera”.
Recordemos que el pueblo de Pilar Viejo estaba en pleno traslado a su actual emplazamiento, y el estado de la Capilla estaría en franco deterioro.
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