La Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA), a través de su comisión directiva presidida por Alfredo Ventura e integrada por los vicepresidentes Enrique Bértola y Gustavo Suárez, junto al secretario Mauro Moris, expresó públicamente su adhesión al proyecto de ley impulsado por diputados nacionales que propone declarar la emergencia para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). La iniciativa parlamentaria ya cuenta con dictamen de mayoría y busca atender la delicada situación que atraviesa este sector clave de la economía nacional.
A través de un comunicado, SCIPA hizo oír su voz frente a lo que considera un escenario insostenible para quienes mantienen el comercio y la producción en el país. “Estamos soportando aumentos considerables de precios de los servicios como agua, electricidad y gas, pero lo cierto es que hay días que no poseemos presión de agua, en el invierno escasea el gas, mientras que la electricidad se corta recurrentemente en verano. Mientras tanto debemos abonar servicios pésimos y paupérrimos a precios internacionales”, expresaron desde la entidad.
En ese sentido, denunciaron la falta de inversión por parte de las empresas prestatarias de servicios básicos y reclamaron que el peso del ajuste no recaiga sobre las PYMES. “No ajusten a las PYMES, obliguen a invertir a las distribuidoras de servicios básicos esenciales, lo cual, llamativamente, nadie habla sobre ese tema”, señalaron.
Otro punto crítico que plantea SCIPA es la masiva presencia de productos importados en el mercado, lo que afecta gravemente al comercio y la industria nacional. “Los productos importados inundaron el mercado con el consecuente impacto para el comercio y la industria nacional. Tampoco de eso se habla”, lamentaron.
En el documento también se aborda una de las mayores preocupaciones del sector: los juicios laborales. Según indicaron, el actual sistema judicial perjudica a los empleadores, a quienes se les impone el pago de sumas desproporcionadas. “Los juicios laborales quiebran a las empresas y, en vez de aportar soluciones a este flagelo, todo sigue igual. Consecuencia: nadie toma un empleado porque, si este resulta infiel, en poco tiempo se queda con todo el fruto de años de trabajo ya que los juicios laborales obligan a pagar intereses de los intereses, llegando al 300 o 500% y a veces superan el 1000% del capital reclamado, en un país donde la inflación es de un dígito. Por lo tanto, no se terminó con la industria del juicio, pero de eso tampoco se habla”.
SCIPA también denunció las altísimas tasas bancarias para los préstamos personales, incluso en entidades públicas, afirmando que “las tasas bancarias para préstamos personales son del 165% anual en los bancos oficiales. Si SCIPA no lo saca a la luz, sorprendentemente nadie habla sobre ese tema a pesar de que están vaciando los bolsillos del ciudadano”.
Frente a este panorama, la entidad adelantó que presentará una nota a los legisladores que impulsaron la ley de emergencia para las MIPYMES, con el objetivo de “hablar lo que todos callan”. Y anunció que participará activamente en toda iniciativa destinada a defender a las pequeñas y medianas empresas. “Nos vamos a involucrar en todas las iniciativas en donde se defienda a las PYMES dado que constituyen el motor de la economía. Tenemos que hacerles saber a quienes nos representan que, quienes nos encontramos a cargo de un negocio, una industria o un comercio, no somos la variable de ajuste”.
En ese marco, la entidad comercial llamó la atención sobre otros puntos sensibles como la reforma tributaria en discusión. “Esa variable de ajuste la deben ir a buscar a las empresas multinacionales prestadoras de servicios básicos como el agua, gas, electricidad; a los bancos; proteger las PYMES evitando que el Anteproyecto de Ley de Reforma Tributaria contemple multas automáticas por infracciones formales como lo es no presentar una declaración jurada antes del vencimiento al ARCA, cuyos montos se aumentan el 110.000% respecto de los actuales, entre otros”.
Para SCIPA, el desarrollo económico del país depende, en gran medida, del apoyo concreto y sostenido al entramado productivo local. “El país comenzará a crecer cuando los comercios, la industria, los profesionales y emprendedores dejen de ser la variable de ajuste porque los consideran los más vulnerables y toda esa presión sea ejercida contra quienes, verdaderamente, manejan la economía de una Nación”, concluye el documento.
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