Plazos cumplidos, pedido municipal y “una institución que se plantea en rebeldía”

La situación de las ocho familias afectadas por la decisión del colegio Magno en Pilar se encuentra en boca de todos. El tema tomó gran relevancia en la opinión pública, y tras la denuncia de discriminación por parte de los padres de alumnos con problemas de aprendizaje o discapacidad apartados, diferentes instituciones participan activamente para encontrar una solución.

En ese camino, desde la Dirección de Cultura y Educación bonaerense se intimó a la institución a dar marcha atrás con la medida de negar la matrícula a estos estudiantes para el próximo año lectivo, y se otorgó un plazo de 48 horas para la rectificación, la cual culminó este viernes.

No obstante, aún no se logró una respuesta satisfactoria, y por el contrario, el colegio aseguró que mantendrá su postura.

Otros organismos se han sumado a la causa, incluyendo la Defensoría del Pueblo y el Municipio de Pilar, que dio a conocer una presentación ante la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIEGEP).

Dicha nota formulada por instrucciones del intendente Federico Achával, plantea el “más enérgico repudio” a los hechos, ya que “la institución ha dispuesto dar de baja a los chicos por entender que los mismos atrasan el desarrollo de los compañeros”, y asegura que eso “constituye una clara violación a los derechos fundamentales de los menores”, incluyendo además el rechazo a las “aberrantes declaraciones formuladas por los directivos del colegio ante los padres y luego ratificadas en los medios por el propietario del establecimiento”.

En ese sentido los funcionarios piden a la DIEGEP que “arbitre las medidas necesarias para restituir los derechos vulnerados y asegurar el acceso de los menores injustamente desplazados de la institución a una educación de calidad y a un trato digno”.

Mientras tanto, la propia comunidad educativa demostró su apoyo con un abrazo simbólico llevado a cabo el pasado jueves en el patio del Magno, y el resto de la población también se solidarizó, por ejemplo, a través de una petición en la plataforma Change.org donde se juntan firmas para reclamar por la decisión “totalmente discriminatoria” y “violatoria de convenciones, leyes y resoluciones que buscan garantizar una educación integral, inclusiva, equitativa y de calidad”. Promovida por un psicólogo especializado en trastornos del espectro autista (TEA), Matías Cadaveira, la campaña necesitó pocas horas para reunir más de 10.000 firmas.

Ahora bien, en este escenario la expectativa es aún mayor para las familias damnificadas como la de Emanuel, uno de los chicos a los que se les niega la matrícula para 2023. Al respecto de cómo avanza la situación, su padre Pablo Basz, destacó: “No hay novedades. En esta instancia estamos viendo cómo reaccionan las entidades públicas frente a una institución que en un punto se plantea en rebeldía”.

Asimismo, añadió: “La Defensoría del Pueblo y la Dirección de Educación de la Provincia intimaron a revertir esta medida y pasado el plazo la escuela responde que no van a modificar nada. Estamos expectantes de ver cómo sigue el proceso”.

Finalmente, cabe destacar que el titular de la cartera educativa de la Provincia, Alberto Sileoni, había señalado que si llegado a este punto no se consigue que la institución dé marcha atrás con su decisión, se tomarán acciones legales que pueden conducir a “sanciones, multas, y hasta analizar el reconocimiento de la escuela y su funcionamiento”.