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El Gobierno nacional informó que durante agosto se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como en el barrio porteño de Puerto Madero.
Según detalló la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, se trata de usuarios que ya habían sido previamente dados de baja del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) en mayo pasado, en el marco de un proceso de recategorización por geolocalización que alcanzó a 15.518 hogares de manifiesta capacidad de pago.
No obstante, de ese total, más de 3.500 intentaron reinscribirse para volver a acceder de manera fraudulenta al beneficio, alterando los datos consignados en sus declaraciones juradas. “A partir del cruce de información y del uso de herramientas de geolocalización se logró detectar la maniobra y excluirlos nuevamente del esquema de subsidios”, señaló el comunicado oficial.
El RASE es el registro que administra la segmentación de subsidios a la energía eléctrica y el gas natural por red, con el fin de que el beneficio se oriente únicamente a los usuarios de menores ingresos. El objetivo del esquema es garantizar una política energética más equitativa, reduciendo el gasto público destinado a sectores que no requieren asistencia estatal.
La Secretaría de Energía explicó que el mecanismo de control combina datos catastrales, tributarios y de localización de inmuebles para identificar patrones de consumo y domicilios en urbanizaciones privadas de alto valor económico. La estrategia permitió detectar con precisión a quienes, a pesar de residir en barrios cerrados o countries de elevado costo, buscaron ocultar esa condición para mantener el acceso a tarifas subsidiadas.
“Se reafirma el compromiso de cuidar los recursos públicos y de que los subsidios se asignen de manera eficiente, llegando únicamente a quienes realmente los requieren”, enfatizó la dependencia.
El caso de agosto se suma a la primera etapa de depuración llevada adelante en mayo, cuando la Secretaría excluyó del régimen a más de 15.000 usuarios tras comprobar su alta capacidad de pago. Con la reincorporación fraudulenta de un sector de ellos, el Gobierno decidió reforzar los controles e intensificar la fiscalización a través de nuevas tecnologías de monitoreo.
De acuerdo con lo informado, la medida no se limitará al AMBA, sino que se prevé extender el proceso de revisión a barrios cerrados y countries del interior del país. “Nuestro objetivo es alcanzar un sistema federal de control, que garantice transparencia y justicia en la asignación de los subsidios”, indicaron las autoridades.
En paralelo, se recordó que los hogares que no requieran el beneficio pueden renunciar voluntariamente al subsidio a través de la plataforma oficial, mientras que aquellos que sí cumplan con los criterios de ingresos pueden mantenerlo siempre que la información declarada sea veraz y comprobable.
Con esta decisión, el Gobierno busca consolidar un esquema de subsidios más focalizado, que alivie la carga sobre las cuentas públicas y al mismo tiempo proteja a los sectores de menores recursos. El desafío de la política energética se centra en compatibilizar la sostenibilidad fiscal con la necesidad de garantizar el acceso a servicios esenciales a los sectores vulnerables, en un contexto de alta sensibilidad social respecto de los precios de la energía.
En este marco, la exclusión de los 3.578 usuarios detectados refuerza la señal política de avanzar hacia un uso más eficiente y responsable de los subsidios estatales, evitando abusos y asegurando que el esfuerzo fiscal se dirija allí donde es más necesario.
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