El Gobierno intervino Corredores Viales y avanza hacia su privatización

El Gobierno nacional intervino la empresa estatal Corredores Viales S.A., encargada, entre otras, de la gestión de la autovía Pilar-Pergamino (Ruta 8) y del cobro en las cabinas del peaje Larena de Pilar, debido a las millonarias pérdidas registradas y a la existencia de una deuda vigente con los proveedores. La medida, que constituye un paso intermedio hacia la privatización de la compañía, fue oficializada mediante el decreto 244/2025, publicado en el Boletín Oficial con el aval del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Corredores Viales S.A., que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, quedará bajo la intervención de Anastasia María de los Ángeles Adem. La funcionaria asumirá las facultades del Directorio y la PRESIDENCIA de la empresa, con atribuciones especiales para la reestructuración de la misma. Su gestión incluirá la realización de una auditoría de gestión al inicio y al final del proceso, la evaluación financiera y operativa de la compañía, y la presentación de un plan de reformulación ante el Ministerio de Economía.

Entre sus funciones, Adem deberá revisar la administración de compras y contrataciones, realizar una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales, y garantizar la operatividad de la empresa durante la transición previa a su disolución y liquidación. También tendrá la potestad de designar y remover personal, así como la responsabilidad de informar al Ministerio de Economía sobre cualquier irregularidad detectada.

Desde el Gobierno nacional se justificó la intervención bajo el objetivo de optimizar los servicios y funciones del Estado, promoviendo la participación del sector privado en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había anticipado el 14 de febrero pasado que la privatización de la empresa estatal sería un paso inminente dentro del modelo de concesión de obra pública por peajes.

El modelo planteado por la administración de Milei busca que las nuevas concesionarias asuman la ejecución de obras y gestiones necesarias bajo su propio riesgo, obteniendo a cambio el derecho de cobrar peajes a los usuarios. Actualmente, Corredores Viales S.A. maneja más de 9.000 kilómetros de rutas en el país, por los que circula el 80% del tráfico vehicular.

Las cifras oficiales revelaron que la empresa estatal arrastraba pérdidas acumuladas por $268.000 millones y mantenía una deuda de $142.000 millones con proveedores, a pesar de haber recibido $301.000 millones del Tesoro Nacional. Además, el Gobierno denunció que el 45% de la traza vial administrada por la empresa se encontraba en estado malo o crítico, con contratos de obra paralizados y tarifas de peaje desactualizadas en un 45%.

Corredores Viales S.A. había sido incluida en la lista de empresas estatales sujetas a privatización según el artículo 7 de la Ley de Bases, argumentándose que su funcionamiento duplicaba las funciones de la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, el Gobierno aclaró que, una vez adjudicadas las concesiones, se establecerán tarifas máximas y un sistema de actualización trimestral basado en índices del Indec.