El gremio ferroviario La Fraternidad mantiene la medida de "trabajo a reglamento" iniciada este lunes, que consiste en limitar la velocidad de los trenes a 30 kilómetros por hora. La protesta, impulsada en reclamo de "mayores medidas de seguridad", está provocando importantes demoras y cancelaciones en los servicios urbanos.
Desde el sindicato distribuyeron folletos en las estaciones donde argumentan que el sistema ferroviario atraviesa una "emergencia" y una de sus "peores crisis". En el texto, se exige con urgencia la reparación de vías, repuestos, obras de infraestructura y la actualización de sistemas de comunicación y señales para garantizar la seguridad y el confort de los pasajeros.
Sin embargo, el Gobierno nacional calificó la protesta como "extorsiva" y la vinculó a la intención del gremio de obtener "un aumento salarial superior al acordado con el resto de los sindicatos ferroviarios". Fuentes oficiales remarcaron que esta modalidad afecta principalmente a los usuarios, generando inconvenientes en horarios de alta demanda, como el regreso a casa.
En respuesta a las críticas del sindicato, el Ejecutivo recordó que en junio de este año declaró la Emergencia Pública Ferroviaria mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, con un presupuesto complementario de 1,3 billones de pesos. Según el Gobierno, este plan contempla 226 obras, la compra de locomotoras y material rodante, mejoras en talleres y la incorporación de nueva tecnología para revertir años de desinversión en el sistema.
Asimismo, fuentes gubernamentales cuestionaron el rol del gremio durante la gestión anterior: "El subsecretario de Transporte Ferroviario entre 2019 y 2023 fue Agustín Special, dirigente de La Fraternidad, quien tenía la responsabilidad de velar por la seguridad operacional".
Mientras el conflicto continúa, el Gobierno advirtió que no cederá a presiones sindicales y subrayó que ya cerró un acuerdo salarial con el 80% del sector ferroviario, que incluye un aumento del 3,5% entre noviembre y diciembre.
La medida de fuerza sigue generando malestar entre los usuarios y plantea interrogantes sobre cómo se resolverá el conflicto en un sistema ferroviario que sigue enfrentando desafíos estructurales históricos.
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