AySA y Edenor, los ejes de los reclamos vecinales en la Defensoría del Pueblo

Con el año llegando a su fin, es tiempo de los balances respecto de todo lo conseguido durante el 2024 y de analizar lo que el próximo año traerá por delante. A un año del inicio de la gestión de Adrián Maciel como Defensor del Pueblo, el organismo realizó un balance y detallaron que, este año, se registraron más de 7.200 reclamos de pilarenses en el organismo.

A través de un informe, la Defensoría detalló “las acciones realizadas, los resultados obtenidos y los principales desafíos enfrentados en un año marcado por complejidades económicas y sociales”, indicaron.

“Durante este período, la Defensoría trabajó intensamente en consolidar su capacidad institucional, fortaleciendo los servicios que ofrece a los vecinos y ampliando su intervención en problemáticas diversas”, expusieron desde el organismo.

Asimismo, plantearon que dentro de los logros del año se encuentra el traslado de sus oficinas, la digitalización de procesos internos y modernización tecnológica y la profesionalización de la atención al público mediante la incorporación de plataformas digitales que facilitan respuestas rápidas y accesibles.

Los números

De los 7.242 reclamos del 2024, el informe detalló que “un 52 por ciento correspondió a problemas vinculados con los servicios públicos (3.739), un 10 por ciento a inconvenientes con la Administración Pública nacional (709), un 9 por ciento referidos a la Administración Pública provincial (646), un 6 por ciento vinculados con la Administración Pública municipal (456) y un 23 por ciento (1.692) de las atenciones respondieron a pedidos de asesoramiento jurídico por parte de los vecinos”.

“Hemos atendido más de 7 mil reclamos de diversa índole, reflejando un aumento significativo en la demanda de atención, especialmente debido a las condiciones económicas que atraviesa el país”, explicó Maciel.

Por otro lado, en lo que se refiere a los reclamos por servicios públicos, el 62 por ciento de estos correspondió a la empresa concesionaria del servicio de agua potable (AySA) con 2.302 actuaciones, seguida por la empresa concesionaria de energía eléctrica (Edenor) con el 26 por ciento (985 casos). En tanto que la prestataria de gas natural (Naturgy) aglutinó el 8 por ciento (314) de las actuaciones y las compañías de telefonía, cable e internet se llevaron el 4por ciento (138 casos).

Los problemas con AySA

En lo que se refiere a AySA, que concentró la mayor cantidad de reclamos gestionados en estas oficinas a nivel general (un 31,7 por ciento del total de todos los rubros), la Defensoría del Pueblo se convirtió en la única recepción presencial para los reclamos de la prestataria, recibiendo diariamente consultas tanto individuales como colectivas.

“Uno de los ejes centrales de nuestra gestión estuvo enfocado en los problemas vinculados con los servicios públicos, dado que estos afectan de manera directa la vida diaria de los vecinos. Durante este período, se recibieron múltiples reclamos relacionados con cortes prolongados de electricidad, interrupciones en el suministro de agua potable y deficiencias en la poda de árboles, que ponían en riesgo la seguridad pública”, indicó el Defensor del Pueblo

Asimismo, “se reportaron aumentos desmedidos en las facturas de servicios básicos y preocupaciones por la eliminación de subsidios y la inscripción a estos subsidios (por medios electrónicos) de sectores vulnerables que no tienen acceso a estos medios y adultos mayores que no saben cómo utilizarlos”.

Otros reclamos

En cuanto a los reclamos ante la Administración Pública nacional, ANSES concentró el 28 por ciento de las gestiones, PAMI y el programa INCLUIR el 25 por ciento cada uno, Transporte el 10 por ciento, y Renaper y AFIP un 6 por ciento cada uno. ANSES manejó solicitudes relacionadas con asignaciones familiares, pensiones y beneficios previsionales, ayudando a resolver trámites demorados, especialmente para adultos mayores.

A nivel provincial, el 31 por ciento de los reclamos se dirigió a la Superintendencia de Salud, el 28 por ciento a IOMA, el 22 por ciento a Educación, el 12 por ciento a ARBA, y el 7 por ciento a Transporte.

En el ámbito municipal, los reclamos se distribuyeron entre Medio Ambiente (26 por ciento), Rentas y expedientes (22 por ciento), Salud (18 por ciento), Obras Públicas (17 por ciento), Defensa Civil (10 por ciento), y Licencias, Tránsito y multas (7 por ciento).

Por último, en cuanto a asesoramiento jurídico, el 23 por ciento correspondió a trámites legales, el 22 por ciento a consultas generales, el 18 por ciento a violencia de género, el 11 por ciento a desalojos y alquileres, un 11 por ciento a asuntos familiares, el 10 por ciento a mediaciones y el 5 por ciento a estafas.