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Los afiliados al gremio de estatales realizarán un paro a nivel provincial. Irán a la Federación de Municipios y el Congreso. Además, buscan mejoras de salario y reconocimiento de los convenios ya firmados.
A pesar de que los conflictos gremiales que coparon la agenda de los gobiernos nacional y provincial a principios de año parecían haber sido apaciguados, el resquemor que quedó en la Asociación de Trabajadores del Estado tras el cierre de paritarias a finales de marzo vuelve a salir a flote.
En la jornada de mañana, los gremialistas convocaron a un paro a nivel provincial y se movilizarán en Capital Federal a partir de las 14 como parte de lo acordado en la reunión que tuvieron los secretarios generales del gremio el pasado 29 de abril en La Plata.
En definitiva, los empleados partirán desde la sede local de ATE ubicada en la calle Nazarre al 1059. En primera instancia, se dirigirán a la Federación Argentina de Municipios, ubicada en Cerrito 832, de la ciudad de Buenos Aires. Más tarde, se dirigirán al Congreso Nacional, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1835.
Según informó la secretaria de organización de ATE Pilar-Exaltación de la Cruz, Rosa Ceniccola, a la medida de fuerza adherirán empleados provinciales y municipales ligados a la entidad gremial.
El reclamo apunta principalmente a la reapertura de paritarias a nivel provincial y a la derogación de la ley sancionada durante la gobernación de Eduardo Duhalde que impide la realización de paritarias para definir los sueldos municipales.
Además, los gremialistas reclaman el pago del 3 por ciento de antigüedad y el incumplimiento de algunos convenios ya acordados con municipios de la provincia.
De antemano, la administración de Daniel Scioli sabía que el conflicto con ATE iba a reavivarse a los pocos meses, más precisamente a mediados de año donde se tenía prevista una reunión con los gremialistas. Sin embargo, el problema parece haberse reactivado antes de lo previsto.
El enojo de ATE quedó latente luego que el Gobierno bonaerense cerrara las paritarias con la aceptación de los gremios de empleados estatales mayoritarios. En aquella ocasión, la principal crítica de ATE al aumento escalonado del 30 por ciento era que el porcentaje de incremento no beneficiaba a los jubilados de esa central.
A esta queja que mantuvo firme la postura del sindicato en el cierre de paritarias, se le sumó el incumplimiento de convenios que algunos municipios tuvieron con sus empleados y la gestación de proyectos desde el Gobierno nacional que restringen la manifestación gremial, como es el caso de la denominada “ley antipiquetes”.
“Vamos a seguir luchando por el salario digno y los derechos de los trabajadores”, explicó Ceniccola en las horas previas a la movilización.
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