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La cifra equivale a 20 distritos. Entre 2011 y 2013 hubo 16 sentencias por el delito de trata de personas, de las cuales 11 llegaron a condena. A su vez, esos casos dan cuenta de 132 víctimas encontradas en allanamientos. Del análisis se desprende que la mayoría pertenecen a sectores excluidos.
Un total de 20 municipios bonaerenses sobre 135 (el 14,8 por ciento) cuentan con algún tipo de normativa que prohíbe las habilitaciones de locales que facilitan la explotación sexual, mientras que 43 toleran la habilitación de esos establecimientos y en los 72 restantes no existe ningún tipo de regulación.
Así lo reveló un relevamiento realizado por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo bonaerense durante el período comprendido entre los años 2011 y 2013.
“Tenemos que generar una fuerte conciencia colectiva, que exija a los representantes y formadores de leyes un mayor compromiso en esta lucha permanente contra la explotación sexual”, dijo el Defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, durante la presentación del informe sobre “Trata de personas y delitos conexos”.
El informe también reveló que fueron 16 las sentencias por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia en estos años. De esos procesos, en 11 hubo condena de los imputados, en dos se absolvieron a alguno de los imputados y en otras dos se absolvieron a todos los procesados.
A su vez, esas 16 sentencias dan cuenta de 132 personas encontradas en los allanamientos como potenciales víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual.
De esa cantidad, finalmente 70 fueron reconocidas como víctimas (el 53 por ciento), de las cuales el 85 por ciento fueron mujeres, el 8 por ciento personas trans, mientras que sobre el porcentaje restante no se pudo identificar el género.
Por otro lado, el 60 por ciento de las víctimas fueron de nacionalidad paraguaya; 14 por ciento dominicanas; 9 por ciento argentinas; 1 por ciento brasileñas; mientras que del restante 16 por ciento no hay información sobre su origen. Asimismo, la gran mayoría fueron mayores de edad (97 por ciento), mientras que un 3 por ciento fueron menores.
En cuanto a los imputados, el 49 por ciento fueron varones; el 43 por ciento mujeres y del porcentaje restante no hay datos. Del total, el 35 por ciento fueron argentinos; un 11 por ciento paraguayos; y el 2 por ciento dominicanos. Del porcentaje restante no fue posible reconocer su nacionalidad, se indicó.
Por último, del análisis de las sentencias se desprende que la mayoría de las víctimas pertenecen a sectores sociales excluidos, sin capacidad económica, sin instrucción escolar, y la mayoría fueron extranjeras ilegales o en situación irregular.
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