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Los asistentes al encuentro no escatimaron adjetivos para graficar su bronca contra las demoras en la emergencia hídrica y las trabas en el acceso a los créditos para los inundados.
Con reclamos por la situación del sector triguero, las trabas para el acceso a créditos y las demoras en la formalización de las emergencias, dirigentes rurales se reunieron el pasado martes con funcionarios provinciales en el marco de la Mesa Agropecuaria Provincial, encabezada por el ministro de Asuntos Agrarios, Alejandro “Topo” Rodríguez.
Durante el encuentro, realizado en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal, los dirigentes rurales fueron notificados de la homologación de las declaraciones de emergencia y desastre agropecuario por parte del Gobierno nacional, lo que les permitirá acceder a exenciones y prórrogas de las obligaciones nacionales.
No obstante, los representantes provinciales de Coninagro, Carbap, Federación Agraria y Sociedad Rural se quejaron por las demoras de la Provincia para promulgar los estados de emergencia.
El titular de Carbap, Horacio Salaverri, señaló que “el decreto fue publicado el 12 de noviembre, el mismo día en que vencía el pago de impuestos, por lo que muchos productores tuvieron que pagar sin poder ajustarse al beneficio.
Los ruralistas entregaron una batería de reclamos, entre los que los que se cuentan las “trabas” al acceso a créditos del Banco Nación a productores sojeros y algunos inconvenientes registrados en sucursales del Banco Provincia para acceder a una línea de crédito especial.
Sobre el primer punto, Salaverri, señaló que “se castiga a los productores sojeros con una medida injusta”. Se trata de una circular del organismo de crédito que impide a productores realizar operaciones en “descubierto” (sin fondos en la cuenta, respaldadas por futuras operaciones), que según las entidades apunta a “forzar al productor a liquidar la soja”.
Respecto al Banco Provincia, Salaverri indicó que “se había acordado con la entidad el lanzamiento de una línea de crédito de 100 mil pesos, pero en muchas gerencias están mal informados y se les dice a los productores que de acceder a ellos perderán otros beneficios. Hay algo que no está funcionando bien”.
También hubo reclamos por el aumento del impuesto inmobiliario rural y las modificaciones a la Transmisión Gratuita de Bienes, aprobado recientemente en la Legislatura bonaerense, y por la situación de los productores trigueros. “Entendemos que la situación es insoportable en términos de rentabilidad del sector”, concluyó.
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