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El Gobierno nacional dispuso un nuevo procedimiento para que los clubes de barrio y de pueblo puedan mantener el beneficio de la tarifa diferencial en los servicios de electricidad y gas por redes. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través de la disposición 4/2025 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, se enmarca en la política oficial de “focalizar la ayuda en quienes realmente la necesitan”.
La resolución establece una reestructuración de los regímenes de subsidios energéticos de jurisdicción nacional, con el objetivo de garantizar una transición gradual hacia un esquema que traslade a los usuarios los costos reales de la energía, promueva un uso más eficiente y asegure a los sectores vulnerables el acceso al consumo indispensable.
En este sentido, el Ejecutivo dejó en claro que “no resulta razonable otorgar ni mantener subsidios al consumo energético en aquellas entidades que, si bien tienen fines deportivos o recreativos, su situación financiera está sostenida por el aporte de socios con capacidad contributiva”.
La medida no sorprende: el vocero presidencial Manuel Adorni ya había adelantado a fines de junio que el proceso de reinscripción de entidades beneficiarias busca “sanear el esquema tarifario” y eliminar “privilegios indebidos”. Según explicó, todas las instituciones que hoy cuentan con tarifas subsidiadas deberán revalidar sus beneficios y, en función de criterios de inclusión y exclusión, podrían perderlos si no cumplen con los requisitos.
Adorni ejemplificó la situación con un caso registrado en la Ciudad de Buenos Aires: un club que debía pagar 57 millones de pesos en servicios terminó abonando 34 millones gracias a un subsidio de 23 millones. “Este tipo de situaciones no pueden seguir sosteniéndose”, advirtió el funcionario.
La medida llega en un momento delicado para las instituciones barriales. Según la Encuesta Nacional de Clubes realizada por Táctica, laboratorio del deporte argentino, el 40% de los clubes de todo el país reconoció estar “peor” económicamente que en 2023, reflejando la dureza de la crisis sobre estas entidades.
El estudio también reveló que el 75% de los clubes pequeños y medianos aumentó la cuota social por debajo de la inflación, a pesar de que el 95% registró incrementos en los costos de servicios como luz, gas y agua. Este desfasaje amenaza el equilibrio financiero de organizaciones que cumplen un rol social clave en sus comunidades.
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Energía, actualmente son 2.228 las entidades inscriptas en el régimen de beneficios sobre las facturas de energía. La Ley 27.098 establece como requisitos básicos para acceder a la tarifa diferencial contar con personería jurídica vigente y domicilio legal en Argentina, acreditar al menos tres años de antigüedad formal y tener entre 50 y 2.000 asociados al momento de la inscripción.
Con este nuevo procedimiento, el futuro de miles de clubes dependerá de si logran o no validar su permanencia en el esquema de subsidios. Una tarea que, en medio de la crisis económica y del aumento generalizado de los costos, podría marcar la diferencia entre seguir cumpliendo su función comunitaria o enfrentar serias dificultades para sostener sus puertas abiertas.
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