Promueven que las denuncias de víctimas de violencia de género no se archiven

En un documento presentado se remarcan una serie de recomendaciones para instruir a las comisarias en la materia. También aconsejan no resumir los testimonios de las mujeres que sufrieron  agresiones. La Defensoría del Pueblo bonaerense elaboró una serie de recomendaciones para mejorar la investigación de casos de violencia de género. En una de ellas, se considera que debe advertirse a las comisarías que remitan a las fiscalías en turno "de manera íntegra" las denuncias que reciban por violencia de género y "no resumidas a través de los partes policiales”. Sostienen que dicha remisión debe realizarse “en el término de 24 horas, sin perjuicio de la comunicación inmediata con el fiscal en turno". Respecto de la medida que adoptan los fiscales de volver a citar a la damnificada a fin de que manifieste expresamente si pretende instar la acción, “observamos que la misma resulta innecesaria y revictimizante”, señala el documento de la Defensoría. “El Estado no puede condicionar su intervención a la ´voluntad´ de las víctimas dado que se encuentra en juego la protección de la integridad de la propia víctima y de la comunidad en general, su seguridad y el potencial ataque a derechos consagrados constitucionalmente”, remarca. Recomiendan además no archivar ni desestimar las denuncias de este tipo de violencia de género porque eso "tiene efectos contraproducentes para el acceso a la Justicia de las víctimas y en el mensaje permisivo enviado a la sociedad”. Las causas por desobediencia, es decir cuando un agresor viola una medida de protección, "deben tener un verdadero tratamiento penal, estableciendo todo tipo de medidas de prueba para acreditar el conocimiento del agresor de las medidas de protección que pesaban sobre las víctimas". El texto sostiene que si bien son los juzgados de familia los más competentes para establecer una medida de protección “en el ámbito penal es posible la adopción de medidas que también redundan en mayor protección de las víctimas tales como: rondines; alertas policiales que no dependen en su tramitación más que de la decisión del Ministerio Público”. Finalmente aconsejan al Ministerio Público “organizar un servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito específico y especializado para víctimas de violencia de género en el ámbito de las relaciones interfamiliares, que tramiten causas en el ámbito penal”. Un informe del Observatorio de Violencia de Género señala que en el 2012 quedaron paralizadas más de 40 mil causas por violencia familiar en la provincia de Buenos Aires. Según ese relevamiento, mientras se iniciaron 65.838 causas ese año, unas 43.853 quedaron paralizadas; 13.002 se archivaron y sólo 2.018 tuvieron sentencias.