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Desde el sciolismo adelantan el debate. Se espera que los nuevos oficiales se reciban en un término de ocho meses para reforzar la seguridad en las localidades de la provincia. Sectores opositores apuntan a 2016 como fecha de inicio.
Si los tiempos legislativos no se dilatan y el Senado termina por transformar en ley el proyecto el mes que viene, las nuevas Policías locales podrían estar operativas para agosto del año que viene. Esa es la estimación que realiza el oficialismo, aunque la oposición cree que las estructuras de seguridad municipales no arrancarán hasta 2016.
Luego de que la iniciativa avanzara la semana pasada en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, con un dictamen de mayoría de varias de las fuerzas políticas que incorporó cambios al proyecto original, y uno en minoría del Frente Renovador, el FpV confía en que el tratamiento en el recinto será entre la última semana de abril y la primera de mayo.
Una vez logrado el consenso que la convierta en ley, la apuesta será entonces que se firmen con rapidez los acuerdos con los municipios adherentes, se realice el reclutamiento de los oficiales y comience la formación, que será de un año, aunque la primera camada, ante la urgencia de llevar adelante el sistema lo antes posible, se recibirá en ocho meses.
Los tiempos que calculan los acérrimos defensores de la iniciativa los lleva a estimar que los primeros efectivos de las policías comunales desembarcarán en las calles antes de la primavera del año que viene. Para algunos sectores de la oposición, los tiempos calculados por el oficialismo se quedan cortos.
El proyecto prevé que la nueva estructura tenga en total 15 mil policías de base, que se distribuirán en los municipios con más de 70 mil habitantes y aquellos que por excepción adhieran a la ley. Los aspirantes tendrán que ser ciudadanos del distrito donde trabajan y la prevención del delito será su objetivo exclusivo.
Además, cobrarán un sueldo que será aportado por la Provincia equivalente al inicial de un uniformado bonaerense, es decir 8.700 pesos, y su función en cada jurisdicción coexistirá con la de los efectivos de la Policía bonaerense que ya prestan servicio en cada lugar.
Tendrán un escalafón único y un régimen laboral especial, diferente del de los empleados municipales. Los oficiales solo podrán portar su arma reglamentaria en horario de trabajo, deberán dejarla al terminar sus horas de servicio.
Así, inspirado en el modelo español, el gobierno de Daniel Scioli buscará poner en marcha lo que cree que dará una respuesta eficaz al avance del delito en la provincia, a través de un mecanismo descentralizado y con amplia participación de los intendentes.
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