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La puja entre los legisladores del Frente de Todos y la oposición representada en Juntos por el Cambio no ha permitido avanzar con diferentes proyectos, entre ellos, la creación de ocho nuevas universidades -incluyendo la de Pilar- y el nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional.
Sin embargo, ambas iniciativas se encuentran en el temario que el Ejecutivo nacional presentó para ser tratado en el vigente período de sesiones extraordinarias, y ahora la Cámara de Diputados se encuentra recibiendo presión para lograr avanzar.
En el primero de los casos, tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador Axel Kicillof, se han referido en los últimos días a la importancia de poder dar un paso hacia adelante con la creación de nuevas casas de estudio como la Universidad Nacional de Pilar, a la que también se sumarían las del Delta, Madres de Plaza de Mayo, Cuenca del Salado, Ezeiza, Saladillo, Río Tercero y Juan Laurentino Ortiz (Entre Ríos).
A esto se le sumó que la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, convocó para este martes una reunión donde asistieron miembros de las comunidades, referentes y entidades que apoyan la creación de las universidades.
La cita tuvo lugar en la sala 2 del anexo C de la Cámara Baja, donde la legisladora planteó destrabar el tratamiento de los proyectos. “Desde mi rol de presidenta de la Comisión de Educación asumimos estos espacios como vehículos de esas necesidades y demandas, con la convicción de su aprobación para seguir fortaleciendo el derecho federal a la educación superior”, había mencionado Osuna.
Docentes, estudiantes y diputados del Frente de Todos (FdT) cuestionaron la actitud de legisladores de la oposición que se niegan a dar quórum para aprobar la creación de ocho universidades en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba, cuyos proyectos tienen dictamen desde fines de noviembre pasado.
Osuna, quien organizó el encuentro que colmó la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados, calificó como "inconcebible no dar el debate y fundamentar por qué no acompañan la creación de estas universidades".
Ahora queda aguardar la respuesta de la oposición, ya que se necesita del consenso para poder sesionar y alcanzar las manos necesarias para que el proyecto logre la media sanción en el recinto.
En la audiencia, docentes, vecinos y hasta empresarios reclamaron la aprobación de las casas de altos estudios en el marco de una reunión que colmó la sala.
Al finalizar el encuentro, Osuna reunió a todos los presentes para que se tomaran una foto en conjunto.
Un escenario similar es el que transita la moratoria previsional, aunque en este caso, ya cuenta con media sanción en el Senado desde junio pasado. Por este motivo, el Ejecutivo también lo incluyó en el temario de extraordinarias y busca que sea llevado pronto al recinto.
Asimismo, aquí la urgencia está dada en que la moratoria anterior venció el 31 de diciembre del 2022.
El nuevo plan prevé dos mecanismos para que los argentinos puedan tener el derecho a jubilarse. Quienes ya tienen la edad jubilatoria, podrán acceder a un plan para pagar las cuotas que deben desde 2008 de acuerdo a su historia previsional. El porcentaje se va a ir descontando del haber previsional y el pago se puede realizar en hasta 120 cuotas, con el objetivo de mantener un aporte mensual equivalente al que realiza el trabajador en actividad. Según cálculos de la ANSES, le permitiría incluir en el sistema alrededor de 800.000 personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, el 60 por ciento mujeres. Mientras que en el caso de Pilar, el total de vecinos alcanzados sería de alrededor de 6.000, quienes se verán beneficiados por la moratoria.
Este proyecto también incorpora un instrumento novedoso que es la cancelación de aportes en edad prejubilatoria. Mariano Recalde, uno de los impulsores del proyecto, señaló que esta modalidad permite “anticiparse a los problemas” de falta de aportes y estará disponible para quienes estén a 10 años de cumplir la edad de jubilarse. La idea es que “puedan ir regularizando desde ahora la deuda que van a tener cuando cumplan la edad jubilatoria”.
En este caso, la presión para que llegue al recinto se dio por medio de un petitorio que fue firmado por un grupo de 20 vicegobernadores argentinos en reclamo de que el Congreso de la Nación le dé tratamiento al proyecto.
A partir del documento, señalaron su “más enérgico apoyo al proyecto” y remarcaron que “las moratorias previsionales existen como política pública y permitieron el acceso al derecho constitucional del beneficio de la seguridad social a más de tres millones de personas que habiendo alcanzado la edad jubilatoria no contaban con los 30 años de servicios con aportes requeridos”.
Y añadieron: “Estas políticas implican el reconocimiento de las dificultades de los trabajadores a la hora de reunir los servicios con aportes en el complejo mercado laboral y también la valoración del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado”.
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