Viernes 09 de Diciembre de 2022

Comenzó el juicio oral por la muerte de un paciente en la comunidad San Camilo

Ángel Súñez, exempleado de la comunidad terapéutica, aceptó en el comienzo del proceso legal los cargos que se le imputan. Desde ayer es juzgado por el suicidio de Saulo Rojas.


  • Miércoles 03 de Agosto de 2022
Juicio San Camilo

Ángel “Pipi” Súñez, exempleado de la comunidad terapéutica San Camilo, aceptó ayer, en el comienzo del proceso legal, los cargos que se le imputan por homicidio culposo tras la muerte de un paciente en 2013 en ese centro de salud que años más tarde fue clausurado por "tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes", según precisó hoy el abogado que representa a la familia de la víctima a Télam.

Súñez era empleado de seguridad de la Fundación San Camilo, y desde ayer es juzgado por el suicidio de Saulo Rojas (foto), quien se encontraba internado en la institución desde junio de 2012 y que un año después de su llegada se quitó la vida en una habitación denominada como “el engomado” a donde se recluía a pacientes a modo de castigo.

En el marco de la primera jornada del juicio, el único imputado en la causa "se hizo responsable de haber obrado negligentemente y llevado a Rojas a ese cuarto donde se quitó la vida, también pidió disculpas a los familiares", señaló en diálogo con Télam, Yamil Castro Bianchi representante legal de la madre del joven de 23 años que se suicidó.

El letrado precisó, además, que durante el primer día del juicio declararon "decenas de testigos" que permitieron reconstruir el escenario de la cotidianeidad en la que vivían las personas que se encontraban alojadas en la comunidad de San Camilo, y advirtió que estos relatos detallaron prácticas que se llevaban a cabo en las sedes que la fundación tenía en Presidente Derqui y Del Viso en donde se quitó la vida Rojas, un joven mendocino con consumos problemáticos e insulinodependiente.

“Ayer declaró un expaciente, un hombre mayor de edad, empresario, que afirmó que fue secuestrado y llevado ahí”, aseguró el letrado, y detalló que, según el relato del hombre “el dueño de la fundación se hizo presente en su casa, le dijo que era un allanamiento de la policía y éste le respondió que estaba en recuperación”.

“Pese a esta afirmación, le dieron una pastilla que lo durmió y cuando se despertó estaba en San Camilo”, afirmó Castro Bianchi, y señaló que “eso da cuenta de las prácticas que se llevaban a cabo en ese lugar”.

Además el abogado, integrante de la organización Grupo de Litigio Estratégico, aseguró que durante las distintas exposiciones se dejó en evidencia la existencia de un cuarto denominado “el engomado” que constaba de una “habitación sin terminar, con piso de cemento, paredes sin revoque y una ventana con rejas, pero sin vidrio”.

En esa habitación fue encontrado sin vida el cuerpo de Rojas “el 14 de junio (de 2013), un mes de muchísimo frío” a un año de comenzado su tratamiento en San Camilo, apuntó el letrado, y aseguró que era en ese cuarto donde “dejaba a las personas que estaban castigadas por haber cometido alguna infracción en el marco de la convivencia”.

Sin embargo, durante el juicio nadie pudo constatar “con precisión” por qué Rojas se encontraba en ese lugar.

“En los registros la fundación afirma que hubo una infracción no se sabe si por llegar con ropa nueva o con dinero de la última salida, pero estaba en el engomado porque lo iban a trasladar de Derqui a Del Viso”, agregó.

En este sentido explicó que, “cuando alguien llegaba a San Camilo ingresaba a Del Viso que era un lugar muy parecido a una comisaría y si hacías mérito y te portabas bien te ascendían a Derqui, que era un lugar mucho mejor”.

Tras el hecho, los responsables de la comunidad terapéutica le comunicaron a su madre, Miriam Lucero, que su hijo "había sufrido un infarto" y, cuando la policía llegó al lugar, el joven "ya no se encontraba en la celda, que rápidamente fue adornada con muebles y un acolchado", detalló el abogado.

En 2017, San Camilo fue clausurada por el Ministerio de Salud bonaerense tras constatar “graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios”.

Por la muerte de Rojas fueron imputados Martín Iribarne, dueño de la fundación, y Alejandro Jacinto, psicólogo y director terapéutico, quienes no presentaron antecedentes penales y aceptaron una “probation”.

En tanto, Súñez enfrenta desde ayer un juicio por homicidio culposo llevado a cabo en el Juzgado en lo Correccional 4 de San Isidro, en donde mañana se realizará la última jornada con los alegatos finales y los pedidos de pena desde las 9 de la mañana.

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