¿Protocolo policial o derechos humanos?

Pocas horas después de la exitosa reunión del G-20 organizada por el gobierno nacional, los ciudadanos de a pie asistimos perplejos a una sucesión de incomprensibles pronunciamientos políticos y judiciales. Por Fernando Robles Analista político y economista www.fernandorobles.com.ar Durante el fin de semana pasado la atención de buena parte del mundo se posó como nunca sobre nuestro país. El evento que convocó a los líderes de importantes naciones del planeta significó un acontecimiento de relevancia mundial. Basta recordar que las economías del grupo que integran el G-20 representan más del 80% del producto bruto mundial. La organización, el desarrollo y los resultados de esta cumbre  resultaron sobresalientes. Mucho más si se los compara con lo acontecido en su anterior edición realizada en 2017 en la ciudad de Hamburgo, Alemania. Los principales responsables de su organización fueron el Presidente Macri, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Ministro de Medios Públicos Hernán Lombardi. La mayoría de los argentinos lo vivimos en plenitud y lo sentimos inevitablemente como la contracara del bochorno que generó el “súper clásico” del futbol. El operativo de seguridad convocó a 22.000 agentes de las distintas fuerzas federales y locales. El punto culminante fue, sin duda alguna, la gala llevada a cabo en el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las delegaciones extranjeras asistieron a un espectáculo federal de música y baile denominado ARGENTUM bajo la dirección artística de Ricky Pashkus. El show mostró bailes e imágenes de cada una las regiones geográficas argentinas acompañadas por su música autóctona. La calidad de esta muestra artística emocionó al Presidente Macri y a muchos de los destacados visitantes presentes. Al cabo de la gala el Presidente Macri agasajó a todas las delegaciones con una cena servida en el salón dorado del teatro. Entiendo que hay por lo menos cuatro cuestiones a tener en cuenta respecto del mencionado acontecimiento. Una, la vuelta de la Argentina al mundo de la mano de la perseverante tarea desarrollada por el Presidente Macri, desde que asumiera la primera magistratura en diciembre de 2015. La segunda, sin entrar en falsos triunfalismos, es que los argentinos cuando nos organizamos y queremos podemos. La tercera, tiene que ver con los acuerdos comerciales firmados con varios estados extranjeros, que van a generar trabajo argentino y exportaciones. Lo acordado con la administración liderada por Trump y la administración liderada por Xi Jimping, en visita de Estado, dan cuenta de ello. La cuarta, no tan positiva como las tres primeras es que la oposición política al gobierno de Cambiemos, evitó la cumbre y sólo asistieron algunos dirigentes del peronismo. Esto tiene que ver, a mi juicio, con la pequeñez y mezquindad con la que actúan la mayoría de los referentes políticos. Para éstos el éxito de la reunión del G-20 fue un éxito del gobierno. El gobernador de Tucumán asistente al evento lo evaluó con sensatez y manifestó: “Es el G-20 de la Argentina, no del Gobierno”. Algo a tener en cuenta, casi anecdótico, es que pese a que esta versión del G-20 se llevó a cabo en su país natal, el Papa no envió mensaje alguno contrariamente a lo que hizo el año pasado. Recordemos que la cumbre del G-20 en Buenos Aires logró un documento común consensuado por parte de todos los países participantes y que China y los Estados Unidos de América acordaron una tregua por 90 días en su guerra comercial. El documento trata temas como el comercio internacional, el cambio climático, la protección del medio ambiente, el cambio tecnológico y la lucha contra la corrupción además de enfoques globales sobre educación, salud, igualdad de género y protección de las fuerzas del trabajo. Como se advierte, todas cuestiones trascendentes que conciernen a los habitantes del mundo y por cierto insignificantes para el criterio de Bergoglio preocupado seguramente por la interna populista argentina. Sin que tuviéramos tiempo para disfrutar, al menos por unas horas, del gratificante resultado del G-20 logrado por la Argentina, diversos acontecimientos nos empujaron abruptamente nuevamente al vértigo cotidiano nacional. Al comienzo de la semana en curso, la Ministra de Seguridad presentó un protocolo policial que reglamenta el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad. Asimismo, la Cámara de Diputados debía comenzar a tratar entre otros proyectos de ley, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente Macri,  el proyecto sobre la ley antibarras en el fútbol. El texto original lo presentó el Ejecutivo por segunda vez, luego del escándalo que ocasionó la suspensión de la Superfinal River-Boca o Boca-River. Este cuerpo legal disponía el endurecimiento de penas para todos los delitos vinculados a la violencia en el futbol, con penas de prisión de hasta 10 años. Y también convertía en delitos algunas contravenciones como el de la conducta de los “trapitos” que en la práctica extorsionan a los automovilistas. De esta forma un grupo mayoritario de jueces y fiscales, con escasa vocación para ejercer en plenitud su función de tales, quedarían “liberados” de apelar al sentido común y al sano criterio de ponderación al momento de ejercer su trabajo. Este trabajo no es otro que encuadrar adecuadamente los hechos justiciables y aplicar las leyes vigentes. Así el proyecto tendía en buena parte a suplir esa deficiencia en el trabajo judicial. Con la presidencia de Emilio Monzó, reelegido por cuarta vez Presidente de la Cámara de Diputados, los diputados de todos los espacios políticos cuestionaron por altas las penas, aludiendo sin sustento técnico legal alguno “la falta de proporcionalidad” de las penas previstas en el proyecto con relación a las que dispone el Código Penal para otros delitos. También algunos diputados reconocieron que el proyecto presentaba errores técnicos para adecuarlo al Código Penal y que les faltaba tiempo para trabajar. ¿Un ejemplo demostrativo de complicidad con barras y dirigentes del futbol mezclado con incapacidad profesional para desarrollar la tarea parlamentaria? Conclusión el PJ pidió más tiempo y la próxima sesión está prevista para el 18 del corriente mes y de esta manera la ley no sería aprobada este año.  Es decir, nada nuevo en el panorama del pobre trabajo desplegado por parte de los miembros del Congreso nacional en el curso del presente año. Recordemos que este año podría establecerse el récord de menos leyes aprobadas desde la reconquista de la democracia en 1.983. Es curioso que muchos referentes políticos que hoy no tienen cargos parlamentarios, mantienen un silencio sobre estas problemáticas que hace mucho ruido. Tampoco se pronunciaron sobre el escándalo de la Superfinal o sobre el protocolo policial. Será que son muy obedientes a sus asesores de imagen y se preocupan solamente por ellos mismos para acceder en un futuro no muy lejano a cargos públicos. Con relación al protocolo de seguridad sobre el uso de armas por parte de las fuerzas federales, cabe señalar que el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo declaró inconstitucionales e inaplicables en el territorio de la ciudad las nuevas reglas que emanan de dicho protocolo. El juez hizo lugar a un pedido al amparo presentado por la diputada de la izquierda porteña Myriam Bregman del PTS-FIT y la abogada María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi). Parecería que el juez, según fuentes judiciales, hace política avanzando sobre áreas que no son de su competencia. Ello, dado que el protocolo tiene que ver con el desempeño de fuerzas federales y Gallardo ejerce su cargo en el ámbito de la justicia local porteña. La crítica política más visible y dura al referido protocolo provino de la diputada y cofundadora de Cambiemos Elisa “Lilita” Carrió. La posición de la diputada sostiene que el tema debería ser considerado en el Congreso Nacional para su eventual sanción como ley porque afecta los derechos humanos. También criticó el eventual aporte por parte de las empresas al financiamiento de los partidos políticos. Hasta aquí se trata  opiniones válidas y respetables. Ahora sus expresiones respecto del Presidente Macri y su alusión al “fachismo” constituyen, a mi juicio, una forma inadecuada de manifestar su disconformidad. Esta forma de expresar públicamente críticas, similares a las que en su momento pronunció en medio de la delicada corrida cambiaria por la que atravesó el mercado financiero argentino, ignora el trabajo de los funcionarios del Ejecutivo. Y por qué no, conlleva una dosis de irresponsabilidad por parte de una figura política que tanto ha aportado a la Nación a través de su tarea anticorrupción. El protocolo presentado genera patrones de conducta para el desempeño específico de las fuerzas de seguridad. Se busca generar previsibilidad a las fuerzas policiales. Consecuentemente si el integrante de la fuerza federal de que se trate, se siente seguro respecto de los parámetros a que debe atenerse al ejercer su función, más y mejor protegido estaremos los ciudadanos comunes. Estas normas existen en otros países desde hace años y tal como lo señalara la Ministro de Seguridad, las mismas se instrumentaron siguiendo las reglamentaciones de las Naciones Unidas. Curiosamente los referentes políticos que más figuran en los medios no han hecho a hoy comentarios al respecto. Claro, es entendible porque algunos sondeos de opinión indican que más del 60% de los encuestados están de acuerdo con que exista el protocolo. Algunas voces interesadas y  aisladas aducen que poner en práctica esta reglamentación implicaría alentar la vuelta del “gatillo fácil” afectando los derechos humanos. El próximo 10 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos. Es bueno tener en cuenta, que los tan manoseados derechos humanos por parte del poder imperante  durante la “década ganada”, nos pertenecen a todos los habitantes de este suelo en particular y de la Tierra en general. La prédica abolicionista-garantista, durante ese período de Bonafini, Carloto, Zaffaroni, Pérez Esquivel y Verbitzky entre otros no hizo más que influenciar negativamente a numerosos argentinos que han llegado a creer que los derechos humanos sólo rigen para algunos y les son negados a otros. Han difundido permanentemente que el orden, la jerarquía, la recuperación del espacio público o el castigo del delito son conceptos que se igualan a la represión que todos sufrimos, en mayor o menor medida durante la última dictadura militar. Nada más falso y mal intencionado que adoctrinar con esos conceptos. Ellos conllevan un solapado autoritarismo, atentan contra el cumplimiento de las leyes y consecuentemente coartan significativamente nuestra libertad. No existe en el mundo una comunidad o país que no funciones adecuadamente, apegándose al cumplimiento de las leyes en un marco de libertad, orden y convivencia en paz. En homenaje al Día Mundial de los Derechos Humanos vivamos plenamente, sabiendo que esos derechos nos pertenecen a todos  velando a diario por su cabal y decidido cumplimiento.