¿Política judicializada o justicia politizada?

El ciudadano de a pie observa espantado los resultados de las pericias técnicas y los fallos judiciales en las causas en las que se debaten los casos más resonantes de corrupción en nuestro país. En las elecciones legislativas llevadas a cabo en el mes de octubre de 2017, la coalición gobernante Cambiemos obtuvo un resultado muy favorable que ayudó a afianzar el accionar en diversos planos del actual gobierno nacional. Como contraparte en esa ocasión la hotelera revolucionaria obtuvo el peor resultado electoral desde la muerte de Néstor Kirchner. A partir de ese momento, los juzgados federales de Comodoro Py pasaron de una lentitud casi exasperante a un ritmo acelerado en el trámite de aquellos expedientes que tienen que ver con cuestiones de corrupción. Estas causas involucran mayoritariamente a funcionarios a cargo de la administración del Estado Nacional, que ejercieron el poder durante los 12 años de gestión del matrimonio presidencial. Es así como esos mismos juzgados hasta entonces perezosos, hicieron lugar al accionar planteado por algunos fiscales federales proactivos. Como consecuencia de ello concretaron, basándose muchos de ellos en elementos de prueba disponibles desde hacía rato, la detención de varios de estos funcionarios. A la cárcel fueron a parar entre otros Boudou, De Vido, Zannini, Baratta, Delia, Esteche, Timerman y últimamente López y De Sousa. Casualmente en los primeros días de octubre del año anterior, se hicieron públicas dos encuestas llevadas a cabo por las firmas Opina Argentina y Management & Fit. En ambos sondeos apareció la Justicia como el poder del Estado con peor imagen. Para la primera de esas encuestas, el 78 por ciento de los consultados opinó que la imagen del Poder Judicial era “algo o muy negativa”. En el caso de la segunda compulsa, el 82 por ciento de los interrogados respondió que “tiene poco y nada de confianza en la Justicia”. En el último mes del año pasado ocurrieron algunos hechos, que revelan el poco sentido común aplicado en sus decisiones por algunos miembros de la justicia. El primero de ellos tuvo que ver con el episodio protagonizado por Chocobar, agente de la policía provincial. En esa ocasión el policía, sin estar de servicio, intervino impidiendo la muerte de un turista norteamericano que estaba siendo apuñalado por dos delincuentes en el barrio de La Boca a plena luz del día. La acción desplegada por el agente policial terminó con la muerte de uno de los dos delincuentes, dándose el otro a la fuga. La fiscal de instrucción que se desempeña en la fiscalía descentralizada de La Boca, Susana Calleja, demoró tres días en tomarle declaración a Chocobar. Esos tres días el policía los pasó en la cárcel junto a un grupo de presos comunes. Para completar este cuadro el juez a cargo de la causa le impuso a Chocobar un embargo por una importante cantidad de pesos. El segundo caso tuvo que ver con la protesta vandálica que llevó a cabo un nutrido grupo de forajidos en la plaza del Congreso el pasado 14 de diciembre. Durante largo rato estos inadaptados atacaron a las fuerzas del orden munidos de todo tipo de proyectiles, ya que el objetivo perseguido era nada menos que invadir el Congreso Nacional para impedir la sesión en la que se trataba la reforma previsional. Como consecuencia de este claro accionar en contra del orden institucional, resultaron detenidos poco más de 20 energúmenos por las fuerzas federales. En el plazo de 24 horas buena parte de estos “nobles militantes” del caos, que realizaron destrozos significativos contra el espacio público y los agentes federales fueron puestos en libertad por orden del juez federal Sergio Torres quien adujo que estos sujetos “no tenían antecedentes”. El tercer suceso tuvo como uno de sus protagonistas a la jueza contencioso y administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia López Vergara. Ello ocurrió el lunes 18 de diciembre de 2017 oportunidad en que el Congreso Nacional tenía que continuar el tratamiento de la reforma previsional. La jueza le dio instrucciones al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad respecto de cómo comportarse ante la nueva protesta esperada para ese día en la Plaza de los Dos Congresos. La decisión de López Vergara fue en respuesta a una presentación del legislador camporista y “recordado administrador” de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde y del gremialista de ATE Capital, el kirchnerista Daniel Catalano. Gracias a lo descripto, que pretendía la pasividad de los efectivos de la ciudad, los forajidos activistas atacaron a la Policía de la Ciudad durante horas procurando que se suspendiera la sesión parlamentaria. Además de 88 policías heridos, la plaza pública terminó destrozada. Su reparación les costó a todos y cada uno de los porteños cerca de 38 millones de pesos. Como se aprecia una trilogía que patentiza crudamente la falta de sentido común en algunas decisiones judiciales. Pero claro, ahí no termina esta delicada cuestión referida a la Justicia luego de los hechos acontecidos en diciembre de 2017. La excarcelación de Roberto Baratta por parte de la Cámara Federal como consecuencia de un informe pericial inexacto, según apreciaciones de la propia Cámara, constituye otro penoso hito. Y la frutilla del postre no es otra que la excarcelación de Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa que trata la descomunal defraudación al Estado por parte de ese grupo empresario. A la indignación general que produjo este fallo de la Cámara Federal en el pronunciamiento de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, se suman dos preguntas que entiendo pueden resultar interesantes; ¿Por qué el cambio de carátula de la causa cuando los imputados no lo solicitaron? Y la otra; ¿Qué papel le adjudican en la misma causa los camaristas al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray? A última hora del jueves pasado trascendió que la Corte Suprema sugiere una investigación con relación al pronunciamiento de la Cámara Federal en la causa que involucra a Cristóbal López y compañía. También es dable señalar que el pasado jueves 15 de marzo, la misma Corte Suprema resolvió inhabilitar al Tribunal Oral Federal Nº 9 que debía debatir tres causas importantes que involucran a Cristina Kirchner. Esta decisión demora sustancialmente el inicio de esos juicios y es probable que los mismos se terminen tratando por separado, cuando en realidad la problemática delictual de los mismos es claramente concurrente. Volviendo al título de esta columna, saquen los lectores sus propias conclusiones. Fernando Robles Analista político y economista Seguidme en www.fernandorobles.com.ar