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Uno de cada dos argentinos percibe un aumento de la corrupción. Uno de cada dos argentinos cree que el Presidente y sus funcionarios están involucrados en actos de corrupción. Los datos fueron obtenidos de un nuevo informe de la Universidad Austral.
“La mayoría de los indicadores sobre corrupción están basados en estudios o encuestas de apreciación. La corrupción es por naturaleza opaca y clandestina, y por lo tanto los indicadores son mayoritariamente de percepción", explica Marcelo Bermolén, profesor de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. "Ningún indicador por sí solo es concluyente ni determinante -explica el autor-. Pero en conjunto genera tendencias que muchas veces si lo son".
Bermolén señala que Argentina sigue reprobada en casi todas las series de indicadores de medición, en materia de percepción de la corrupción o efectividad de las políticas públicas implementadas para su lucha o erradicación, ocupando el lote de países peor posicionados "en el mundo, el continente o la región". "Argentina sigue por debajo del promedio general de los países de América (o Latinoamérica) aunque ha logrado reducir esa brecha por la suma de mínimas mejoras propias y el estancamiento o empeoramiento de otros países. Ha mejorado la percepción del estado de derecho, aunque eso no se ha traducido en una mayor confianza en las instituciones, en los sujetos que transitoriamente ejercen sus funciones o en las políticas de combate a la corrupción", detalla.
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Según Latinobarómetro, en 2017, dentro de una escala del 0 al 10, los argentinos creían que la corrupción en el gobierno alcanzaba el altísimo valor de 7,7 por encima del valor promedio de Latinoamérica (7,5). En 2018, consultados ya no por las instituciones sino sobre quienes ejercen las funciones y buena parte del poder, el 53% de los argentinos cree que el Presidente y todos -o casi todos- sus funcionarios están involucrados en actos de corrupción, porcentaje que lo muestra por encima de legisladores, jueces, policías y empresarios. También, por encima del promedio respecto de quienes ejercen la misma institución presidencial en Latinoamérica (50%).
Bermolén, quien además es abogado y especialista en Acceso a la Información Pública, Calidad Institucional y Transparencia Electoral; señala que "ello, pone en jaque cualquier posibilidad de liderar exitosamente la lucha contra la corrupción desde la percepción de ejemplaridad, ejercicio de la ética pública y cambio de paradigmas. El primer mandatario y sus funcionarios superan la media latinoamericana de corrupción junto a los empresarios argentinos. No le va mejor a los parlamentarios, la policía o los magistrados que son percibidos con altos índices de sospecha de estar implicados en hechos de corrupción".
Además, si ya era delicado que en 2017 el 61% de los argentinos consultados por Latinobarómetro creyeran que la lucha contra la corrupción no había progresado, más relevante es aún que el 56% de los encuestados en 2018 expresen que perciben un aumento de la corrupción. Si bien esos valores están por debajo del promedio de América Latina, son lo suficientemente altos para encender las alarmas del gobierno nacional y analizar con detenimiento la eficacia -o ineficacia- de las políticas de combate a la corrupción desde la percepción social.
No obstante, Bermolén afirma que "cuando se trata de obtener algún beneficio -directo o indirecto-, 4 de cada 10 argentinos se muestran dispuestos a tolerar cierto grado de corrupción en la medida que se resuelvan problemas. Idéntica proporción de argentinos que en 2017 se mostraban con disposición a sobornar, jueces, policías o funcionarios". "Es necesario que la lucha contra la corrupción también comience en la propia sociedad, vía educación de valores, para generar cambios culturales en su propia conducta. Lo que no impide considerar el descreimiento que genera en ella, el accionar de una justicia ineficiente, la ausencia de ejemplaridad o de sanciones reales", reflexiona el director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.
La encuesta sobre corrupción del Foro Económico Mundial (WEF) refleja que continúa la tendencia de ligera mejoría en la calificación respecto al “Desvío de fondos públicos” y “Pagos irregulares y sobornos”. Pero lo cierto es que la Argentina integra el lote de países con peores indicadores, situándose para el primer valor en el puesto 121º y para el segundo en el 98º. Mostrando en conjunto una notoria falta de avances.
Una última encuesta del WEF referida a 16 “factores que limitan la capacidad de hacer negocios” en Argentina, muestra una pérdida de peso relativo de la corrupción entre esos rubros respecto del año anterior, cayendo de la cuarta posición a la séptima. Si bien, una primera lectura permitiría pensar en una mejora de las condiciones de este factor, lo que habría sucedido es un agravamiento de las otras condiciones en un contexto de inestabilidad político económico y notables dificultades. Adquieren una mayor relevancia en el ultimo año, condiciones tales como la inestabilidad, las regulaciones laborales o la burocracia ineficiente que se suman a la inflación, las altas tasas de impuestos y el financiamiento como factores centrales.
Con respecto al “Comportamiento ético de la empresas”, también del WEF, que se mostraba en descenso, mostró una módica mejoría tanto en la valoración del país como en el ranking. Aún así, se encuentra entre los peores registros, al final de la tabla.
"La corrupción en la Argentina es de carácter estructural, endémica y transversal. Abarca todos los niveles, poderes y estamentos. Atraviesa a todos los actores sociales y lleva décadas instalada sin que se vislumbre un cambio cultural mayoritario. El comportamiento ético de los empresarios del país obtiene una de las peores evaluaciones a nivel mundial (puesto 130° sobre 137 lugares). La denominada causa de los cuadernos parece convalidar esa tendencia", afirma Bermolén.
También se tomó en cuenta un reciente estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo que mide la gobernanza de la corrupción -a través de la evolución de un conjunto de indicadores-. Las políticas de lucha contra la corrupción en Latinoamérica -en la mayoría de los casos- “han sido parciales, irregulares y con un mayor enfoque en la mera aprobación de normas”. En un indicador que va de -2.5 a +2.5, considerando los últimos 20 años (1996-2017) Argentina muestra una involución en esa lucha con un valor final de -0,26 y un descenso de -0,16 puntos; integra el pelotón de los países que han empeorado.
El índice de Transparencia Internacional sobre Percepción de la Corrupción muestra una leve mejora de Argentina respecto a los últimos dos años, lo que marca una tendencia progresiva y positiva que resulta insuficiente, toda vez que Argentina sigue por debajo de la mitad de tabla (85° compartiendo lote de 5 países) y mantiene la condiciones de aplazo (3.9 sobre 10). Si bien la brecha con el promedio de América se reduce al mínimo (11,4%), ello sucede en un contexto de estancamiento del progreso de esa lucha en los países del continente.
Finalmente, según datos del Banco Mundial, se percibe un leve incremento en el control de la corrupción en Argentina mientras que el promedio de la región desciende levemente, acercándose las posiciones. Sin embargo, nuestro país permanece por debajo del promedio de América Latina y el Caribe.
"La lucha contra la corrupción muestra un fracaso estrepitoso en las dos últimas décadas, lo que involucra al menos a seis administraciones, incluida la actual, que no han conseguido -más allá de cambios normativos, modificaciones estructurales cosméticas y variadas recomendaciones- alterar la percepción social del flagelo, ni generar la confianza necesaria para producir una transformación cultural, profunda y sostenible en el tiempo. Como ejemplo reciente y revelador de contradicciones entre el decir y el hacer, vale recordar la discordancia de haber logrado sancionar una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas (Ley 27.401) y, a la vez, permitir a muchas de las empresas que se han declarado partícipes en hechos de corrupción, continuar en licitaciones o proyectos de participación público-privada, más allá de las razones jurídicas o economicistas esgrimidas", manifiesta Bermolén.
"Es necesario dejar atrás la retórica, los compromisos moralistas -propios de promesas de campaña- y mostrar acciones ejemplares que induzcan cambios sociales en la lucha contra la corrupción. Fortalecer los órganos de control, investigar toda la corrupción (ahondar en el pasado pero también en el presente), evitar los atajos como: blanqueos, aceptación de renuncias de jueces susceptibles de ser juzgados políticamente por mal desempeño, o promover amnistías encubiertas, obviar la designación y actuación en las sombras de operadores judiciales y la protección de ciertos magistrados. Promover la designación del Procurador General y del Defensor del Pueblo de la Nación -y otros estamentos- sin amiguismos, esclarecer y castigar todos los casos de financiamiento irregular de la política, profesionalizar los cuerpos de auditores, aplicar criterios uniformes de transparencia, generalizar la aplicación de normas contra el nepotismo en el poder, asegurar contrataciones, licitaciones y acuerdos con el estado intachables, generar organismos anticorrupción independientes del poder político, procurar la meritocracia en las designaciones de funcionarios, y evitar los conflictos de intereses", concluye el académico de la Universidad Austral.
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