El conflicto entre los trabajadores despedidos de ILVA y las autoridades de la empresa ceramista continúa sin solución y con nuevas manifestaciones. A 41 días del inicio del acampe, los empleados volvieron a protestar este lunes frente al country El Encuentro, en Benavídez, donde reside el presidente de la compañía, Franco Bocci, y posteriormente llevaron su reclamo a Capital Federal, en la zona de Palermo, donde según los trabajadores la firma posee intereses comerciales vinculados a emprendimientos gastronómicos.
La jornada marcó una nueva etapa en la serie de escraches que los trabajadores vienen realizando desde que la empresa despidió a 300 empleados a fines de agosto, ofreciéndoles solo la mitad de las indemnizaciones amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. A esto se suma el incumplimiento del pago del último mes y la falta de cobertura médica, ya que la compañía habría interrumpido los aportes a la obra social.
Las protestas comenzaron en el country Lagoon Pilar, en Villa Rosa, donde vive el CEO Alejandro Renghini, y luego se extendieron a los domicilios de otros directivos, entre ellos Patricio Colombo Mosetti, accionista y representante de ILVA en entidades empresariales como la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (CEPIP) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA). En paralelo, los empleados mantienen acampe frente a la planta del Parque Industrial, como símbolo visible de la protesta.
En esta nueva movilización, los manifestantes señalaron que además de Bocci, en el emprendimiento gastronómico de Palermo participan Francisco Zanon (hijo) y otros inversores. Según explicaron, allí la empresa planea construir torres y locales vinculados a ese rubro, lo que a su entender demuestra que “no hay crisis” y que la decisión de reducir las indemnizaciones no se sostiene en la realidad económica de la firma.
Mientras tanto, los despedidos comenzaron a contestar los telegramas enviados por la empresa, rechazando los despidos y reclamando el pago completo de las indemnizaciones, los sueldos atrasados y la continuidad de la cobertura médica por dos meses, como establece la legislación laboral vigente.
El delegado Marcelo Barrionuevo explicó que el objetivo de las nuevas medidas es mantener la presión sobre los directivos y evitar que el conflicto se diluya con el paso de los días. “Ya pasaron 41 días de acampe y seguimos sin respuesta. Vamos a seguir movilizándonos, porque no pagaron las indemnizaciones ni los sueldos que deben, y ahora quieren cortar la obra social”, expresó el delegado de la empresa.
Desde fines de agosto, los trabajadores de ILVA protagonizan una de las luchas sindicales más persistentes de la región, con marchas, acampes, protestas frente a sedes empresariales y organismos oficiales, e incluso manifestaciones en actos públicos. Pese al desgaste y las dificultades económicas, aseguran que no levantarán las medidas hasta obtener una respuesta concreta de la empresa, a la que acusan de actuar con “impunidad y desinterés”.
"Nosotros hasta que no aparezcan las indemnizaciones y el mes que ellos nos deben, nosotros vamos a seguir con el reclamo, vamos a seguir en la calle y continuaremos el acampe", agregó Barrionuevo.
El conflicto, que ya trascendió los límites del Parque Industrial de Pilar, expone una creciente tensión entre los sectores laborales y empresariales, y vuelve a poner en debate el alcance del artículo 247 y las condiciones de empleo en la industria metalúrgica bonaerense.
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