Rechazaron el recurso de amparo de los desalojados

El pedido había sido presentado por un grupo de abogados a finales del mes pasado. El Juzgado Penal Juvenil Nº 1 de Pilar declaró inadmisible la acción de amparo. La usurpación de terrenos preocupa al Municipio. El recurso de amparo presentado por el colectivo de abogados La Ciega a finales del mes de agosto fue rechazado el lunes por el Juzgado N° 1 de responsabilidad penal juvenil de Pilar. “En realidad declaró inadmisible la acción de amparo porque entendió que la situación planteada por las tres personas que decían representar a otras 1500 no constituía una cuestión de peligro para la vida o algo que tuviera que ser competencia de ese juez en esa instancia”, dijo Pablo Martínez, secretario de Gobierno municipal, a “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5). El pedido central que se hacía a través del recurso de amparo era que se le otorgase a los damnificados por las inundaciones los mismos terrenos del barrio San Alejo que habían ocupado ilegalmente el 10 de agosto. Una semana después habían sido desalojados por la policía. “Los terrenos no se pueden entregar así, libremente”, explicó el secretario de Gobierno. “En todo caso tendría que haber algún tipo de proyecto de vivienda o una cuestión regulada por el estado municipal, no solo el Ejecutivo sino también el Legislativo. Porque la cuestión de tierras es patrimonio municipal”, aclaró. En este sentido, lo que la Municipalidad está haciendo de todas maneras es realizar un censo y un estudio socioeconómico del lugar: “Para saber la realidad de la zona que se está inundando, en lo que sería el fondo del barrio La Lomita”, dijo Martínez. “El estudio socioeconómico es para saber la realidad, a una fecha determinada, de la cantidad de gente que se ubica en esas cinco manzanas que se inundaron porque el amparo hablaba de unas 1500 personas y nuestro relevamiento era mucho menor”, sostuvo. Además, Martínez agregó que las usurpaciones de terrenos es un tema “que preocupa y del que el Municipio se ocupa normalmente”. Ese delito, según sus palabras, tiene dos etapas: la de la flagrancia, que es la ocupación rápidamente advertida y de la que se puede hacer cargo de inmediato la policía; y luego, la de los asentamientos, como ocurrió en San Alejo.