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La iniciativa se hará oficial la semana próxima para ser tratada en el HCD o promulgada a través de un decreto del Intendente. Se busca que empresas o individuos denunciados en Defensa del Consumidor ya no presten servicios al Municipio.
En el marco del Día Mundial del Consumidor, en Pilar se está barajando una alternativa para transparentar las transacciones entre proveedores privados –compañías o personas- y el Municipio. La idea fue pensada por ediles de Cambiemos, que esperan llevarla al Honorable Concejo Deliberante mediante un proyecto de comunicación u ordenanza, o directamente al Ejecutivo, para que pueda ser avalada por el intendente Nicolás Ducoté mediante un decreto.
“Hemos tenido algunas situaciones en las que sujetos denunciados en Defensa del Consumidor terminan siendo proveedores municipales. Eso es inaceptable cuando hay tantos comerciantes y empresas que se desloman para brindar un buen servicio y por ahí no tienen la posibilidad de ofrecerlos”, expresó el titular de Participación Ciudadana, Gabriel Lagomarsino, en diálogo con Diario Resumen. Y remarcó que, a nivel provincial, hay una ley que establece “que para participar de cualquier proceso de licitación en cualquiera de los 135 municipios no hay que ser deudor alimenticio”.
Para llevar un mejor control, aclaró, cuentan con “una base con todas las empresas denunciadas que no resuelven el conflicto en las instancias conciliatorias y terminan siendo sancionadas” ya que, después de que eso ocurra “lo único que les cabe es pagar o recurrir a un Tribunal Contencioso Administrativo”. En este sentido, sostuvo que lo que se intentará es “extender los requisitos” de quienes ofrezcan sus prestaciones para exigirles que no tengan este tipo de sanciones.
Respecto a los plazos estipulados para promover está nueva normativa señaló que el proyecto se enviará la semana que viene “mediante el canal que veamos más apropiado” pero que, en caso de ser derivado al Legislativo, se podría esperar por su aprobación al menos dos meses.
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