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Se promulgó en reemplazo de la antigua norma de 1977 que regía sobre los honorarios de los profesionales. Mañana saldría una con los mismos parámetros a nivel nacional.
A fines de agosto pasado, el Congreso bonaerense votó positivamente la ley de aranceles - 14.967- que establece cambios sustanciales en los honorarios de los abogados, ya que a partir de la sanción serán regulados de acuerdo al salario de los jueces. Básicamente, impulsa su readecuación a la realidad, contempla las necesidades actuales en relación a las variaciones sociales, tecnológicas y económicas. Mañana, incluso, se discutirá en el Legislativo para replicarla a nivel nacional.
En la normativa, que viene a reemplazar al decreto 8904/77 sancionado en tiempos de la última dictadura militar, se destaca que el abogado es un actor indispensable para el adecuado servicio de justicia. Y mide los salarios en moneda IUS, una unidad de medida que se ajusta desde el 1 por ciento del sueldo que percibe un juez de primera instancia que cuente con 15 años de antigüedad, para así lograr que no se distorsionen ante las cifras de inflación.
Además, indica que será “nulo” todo pacto o convenio que tienda a reducir las proporciones establecidas por el arancel fijado en la nueva norma. “Después de haber logrado la sanción de esta ley comienza otra historia, antes había una gran diferencia entre lo que se calculaba y lo que se cobraba. Los profesionales del Derecho estábamos regulados por un régimen arbitrario”, expresó a Resumen Guillermo Sagués, presidente del Colegio de Abogados de San Isidro (CASI), quién consideró la nueva regulación como “un logro histórico” de la colegiatura provincial.
Sagués manifestó que la normativa anterior “había quedado muy lesionada por la inflación y las crisis económicas de la Argentina” y que ahora se han incorporado “figuras que antes no existían como el contencioso administrativo y el régimen de familia”. Así, dijo, se empieza a contemplar al abogado “como una persona que trabaja y cobra” por sus servicios como cualquier otra. “Para atender gratis estamos los colegios públicos de abogados, por San Isidro han pasado 8500 personas a las que hemos asesorado sin costo”, indicó.
Y si bien sostuvo que, bajo la antigua reglamentación los profesionales “estábamos en manos de la arbitrariedad más absoluta” en la que las regulaciones de los honorarios “estaban por debajo del anticipo previsional” –cuando el aporte jubilatorio es menor al sueldo percibido- se mostró esperanzado con que la nueva ley traiga mejoras. “El trabajo del abogado estaba lleno de dificultades, parecía que vivíamos en Suiza. A partir de ahora, esperamos un progreso y un sinceramiento de la realidad”, concluyó.
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