La Defensoría acompaña a los vecinos afectados por baja de pensiones

La Defensoría del Pueblo impulsa un reclamo colectivo para acompañar a los beneficiarios de pensiones por incapacidad laboral que fueron dadas de baja por el Gobierno Nacional, tras la medida adoptada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La iniciativa surge luego del fallo del Juzgado Federal N°2 de Catamarca, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, que ordenó restituir en todo el país los beneficios suspendidos y devolver los montos no percibidos.

El magistrado extendió a nivel nacional la medida cautelar dictada en septiembre, a partir de denuncias presentadas por la Defensoría del Pueblo de Catamarca. Frente a la gran cantidad de bonaerenses perjudicados, la Defensoría provincial —a través de la representación legal de la Universidad Nacional de La Plata— prepara una presentación colectiva para ser incorporada al expediente judicial.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo de Pilar, a cargo de Adrián Maciel, se sumó a la convocatoria y puso a disposición de los vecinos los canales habilitados por la Defensoría provincial para iniciar las gestiones: el 0800-222-5262, el WhatsApp 221-358-1323 y el Instagram @defensoriaPBA. Además, recordó que sus oficinas locales, ubicadas en Estanislao López e Ituzaingó (Edificio Pilar Pont, 1° piso), permanecen abiertas de lunes a viernes de 8 a 15, brindando asesoramiento a quienes busquen recuperar sus derechos vulnerados.

Por su parte, la Dirección de Discapacidad del Municipio de Pilar (Rivadavia 370) continúa otorgando turnos para realizar los estudios médicos requeridos para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y demás evaluaciones complementarias.

El fallo judicial, emitido el 16 de octubre, ordenó al Gobierno Nacional restituir todas las pensiones por discapacidad dadas de baja desde 2024 y abstenerse de realizar nuevas auditorías o suspensiones hasta que exista una sentencia firme.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo se consolida como un actor clave en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad frente a decisiones administrativas que los afectan directamente.