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El pedido se originó luego de que las autoridades de la institución no permitieran la entrada de los responsables del área dedicada a controlar las instituciones de salud. Desde el Municipio se hará un relevamiento de las organizaciones radicadas en Pilar.
Tras el reclamo realizado por la Comisión Provincial por la Memoria el pasado 23 de junio en donde se pedía específicamente el cierre de la comunidad terapéutica de San Camilo, ubicada en Presidente Derqui, luego de que la organización comprobara “la existencia de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 60 jóvenes y adultos con padecimiento mental, y se tomó conocimiento también de un caso de abuso sexual contra un adolescente de 14 años”, el pedido ha sido elevado a la justicia y se solicita un allanamiento de la granja.
Según explicó Daniel Agostino, titular de la Dirección de Lucha contra las Adicciones del distrito, a Diario Resumen, el área de Fiscalización Sanitaria de la Provincia de Buenos Aires que depende del Ministerio de Salud, ha solicitado una intervención de la Justicia ante la situación de la Fundación. “Se pedirá una medida de allanamiento para San Camilo, por la información que yo tengo del área de Fiscalización Sanitaria, es que cuando quisieron ingresar al establecimiento porque les corresponde hacerlo, las autoridades de la institución le negaron la entrada”, comentó Agostino. Luego explicó que éstos son los encargados de generan las habilitaciones, sanciones o clausuras de las instituciones de salud.
“Estamos trabajando con la Provincia, codo a codo, como para poder ir regularizando las situaciones. De hecho, con la Secretaría de Fiscalización Sanitaria, con el Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo, estamos desarrollando un acuerdo para poder hacer un relevamiento de las instituciones del distrito”, finalizó.
Por último, luego del libro publicado por Pablo Galfre, los casos de maltrato a pacientes no dejan de salir a la luz y dos madres han realizado una denuncia penal a la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fé por torturas y violaciones a los derechos humanos, luego de que las concejalas rosarinas Norma López (FpV), Fernanda Gigliani (IP) y Marina Magnani (Unidos y Organizados) solicitaran a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia y la Dirección Provincial de Salud Mental, el inmediato traslado de 13 jóvenes que se encontraban en la Fundación.
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