Se manifestaron en contra de la empresa y advirtieron que, de aprobarse su llegada, no solo se violaría la normativa vigente sino que se perderían numerosos puestos de trabajo.
La disputa por la posible llegada de Farmacity al distrito sigue su curso y durante la sesión ordinaria de hoy, los farmacéuticos tuvieron su espacio para exponer sus argumentos en contra de la iniciativa. En su discurso, quedó manifiesta la preocupación por la “impunidad” con la que tanto la Corte Suprema como la Procuraduría dieron lugar a sendos fallos favorables a la empresa manejada por el vicejefe de Gabinete del Gobierno nacional, Mario Quintana.
“Es importante que todo Pilar sepa lo que pasa con la ley 10.606, sancionada en un gobierno radical. Esta normativa considera al medicamento como un bien social, a las farmacias como un centro de salud, establece que deben ubicarse a no menos de 300 metros y que debe haber una cada 3000 habitantes”, apuntó Fabián Oroño, titular del Colegio de Farmacéuticos, ante los concejales y vecinos presentes en el marco de un cuarto intermedio. En ese sentido, consideró que la ley vigente “logró que en estos años se distribuyan las farmacias a lo largo y a lo ancho de nuestras localidades” y, con seguridad, afirmó que existe al menos una en cada uno de los barrios pilarenses.
Oroño señaló que lo que pide Quintana “es avasallar a esta ley”. Por eso, frente a lo que consideraron un peligro para las fuentes de trabajo, pidieron a los ediles que los acompañen en el reclamo, ya que aseguró que “por cada Farmacity se cierran nueve farmacias de barrio y 450 trabajadores quedan sin trabajo”. Y avisó que los farmacéuticos de toda la provincia “nos declaramos en alerta y consideramos que es necesario se sepa todo lo que está pasando y hacia dónde vamos”.
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