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El presidente del Colegio de Farmacéuticos se expresó acerca de la posible llegada de Farmacity al distrito. Pidió frenar con el “avasallamiento de la ley” y aseguró que, si se da, cientos de trabajadores perderán sus puestos.
La llegada de Farmacity al interior de la provincia de Buenos Aires mantiene en vilo a los farmacéuticos de todo el territorio bonaerense, y Pilar no es la excepción. El jueves, en la segunda sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, se aprobó un proyecto de comunicación que se elevará al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para que le ponga un freno a la llegada de la empresa, de la que es accionista el vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana.
“Es un pedido que viene desde las bases, un movimiento para que la gobernadora Vidal y la Corte Suprema sepan que todo accionar como este tiene consecuencias y que hay un enojo importante de la comunidad farmacéutica por esta situación”, expresó el titular del Colegio de Farmacéuticos local Fabián Oroño ante la consulta de Diario Resumen. Además, se mostró “contento” por la respuesta brindada por los concejales pilarenses con el que sintió “un espaldarazo importante” para que la comunidad “tenga conocimiento” acerca de lo que está pasando.
Oroño consideró que la normativa, que establece que estos espacios deben ubicarse como mínimo a 300 metros y no más de una cada 3.000 habitantes, “es criteriosa” y que en el distrito “podemos decir con orgullo que prácticamente en todos los barrios hay una farmacia”. En la misma línea valoró la ley, que según dijo “no es caprichosa, sino muy sabia”, y cuenta “con el criterio sanitarista de las mejores leyes europeas como la de España o la de Francia”. A la vez, rescató que desde su aplicación se logró que durante décadas “las farmacias se distribuyan” a lo largo y a lo ancho de las localidades.
Por eso, avisó que con la llegada de la multinacional no solo se perderá “la cercanía con el vecino, que dejará de tener acceso a los medicamentos en una farmacia de proximidad”. También manifestó que unos 450 trabajadores “perderán su puesto laboral” porque “con cada Farmacity que se abre, se cierran nueve farmacias de barrio”.
En este contexto, el farmacéutico aseguró que ya hay “55 ordenanzas” aprobadas en diferentes distritos de la provincia, lo que consideró como “un logro de la gente, de nuestros representantes y de la comunidad farmacéutica”. Todas estas solicitudes se elevarán a la Corte, luego de que Quintana presentara un recurso de queja ante el Tribunal y la Procuración General de la Nación promulgara un fallo -que, según Oroño, fue hecho “a la medida” del ministro- en el que declara inconstitucional uno de los artículos de la ley. Ahora, con todas estas nuevas cartas sobre la mesa, la Justicia tendrá la última palabra.
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