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El pago de coimas para llevar adelante esa iniciativa puso tras las rejas al entonces intendente y a dos ediles tras una denuncia de Tomás Pérez Bodria. La reacción social y una sucesión con polémica.
El jueves 11 de febrero de 1988, mediante una sesión extraordinaria en el Honorable Concejo Deliberante, iba a tratarse la construcción de un bingo, iniciativa propuesta desde el Ejecutivo. Hasta ahí nada raro, salvo que la sesión se suspendió repentinamente por hechos que muchos desconocían pero que pondrían en jaque la gobernabilidad del distrito de Pilar: una denuncia del concejal Tomás Pérez Bodria por movimientos ilícitos en la gestión –de las que el edil fue parte intencionalmente para que se descubrieran- en pos de promover la gestación de la nueva obra, implosionó como una bomba tanto en la cabeza del gabinete municipal, como también en algunos actores del Legislativo.
Por el hecho estaban sospechados el edil Carlos Capel, el secretario de Gobierno Gustavo Martínez y el presidente del HCD de Escobar, Jesús Fernando Angioi, quien según se suponía desde el Juzgado Criminal Nº 6 de San Isidro –a cargo del juez Makintach- actuó como el intermediario para que los anteriores incurran en el delito de "cohecho". Pero no fueron los únicos: también se ordenó la captura del mismísimo intendente Rubén Tronchet (quien había asumido tras la muerte de Luis Lagomarsino).
Capel fue el primero en caer, el viernes 12 de febrero, un día después de que todo estallara; Angioi fue el segundo y, enseguida, lo siguió el Jefe Comunal el sábado 13 de febrero. El mismo día se dictó también la orden de captura para Martínez, pero el hasta entonces funcionario y mano derecha del mandatario, para sorpresa de muchos, no estaba, ya que se había fugado.
En medio de este contexto, el lunes 15 los periodistas fueron convocados al Palacio Municipal por el Director de Prensa Rodolfo Sito para ser informados del proceso judicial y el desarrollo de la causa. El reporte fue a través de un comunicado, firmado por todos los secretarios y subsecretarios de la Comuna -a excepción de Martínez por razones lógicas- en el que se comunicaba oficialmente la detención de Tronchet y todos los firmantes se desligaban, no solo de su persona, sino de toda participación en el hecho.
El escrito tal vez, haya servido para aclarar en cierto modo la situación en medio del asombro y la incertidumbre de los vecinos, quienes en la plaza principal y en todo lugar en el que se encontraran casual o intencionalmente, debatían y sacaban conjeturas sobre el tema. Mientras tanto, en el HCD se formó una comisión investigadora para llevar exactitud ante lo acontecido y se designó a su presidente, Mario Darget, como intendente interino en medio de la posibilidad latente de que el Gobierno de la provincia interviniera el distrito ante la acefalía de autoridades.
Si bien parecía que Darget continuaría en el cargo hasta tanto se confirme -o no- la destitución definitiva de Tronchet, el miércoles 17 el cuarto concejal de la lista ganadora del justicialismo en el 87, Jorge Temo Pérez, tomó juramento en el cargo luego de que su asunción se aprobara por dos tercios del cuerpo. Asimismo, el concejal Di Meola era sancionado por autoproclamarse ilegítimamente en el Ejecutivo, hecho por el que fue suspendido por tres meses de su cargo como edil.
A fines de febrero, con Pérez ya rodeado de un nuevo gabinete y en plena función, se oficializó el pedido de captura para Edgardo Aumenta, otro de los concejales sospechados en la causa del bingo quien, como Martínez, permanecía en condición de prófugo. En tanto, luego de haber depositado una fianza de 30.000 australes ante el juzgado del Dr. Makintach, Tronchet quedó en libertad, pero suspendido de sus funciones hasta conocer tanto la resolución tomada por la justicia como también la determinación de la comisión investigadora del HCD.
Para comenzar a definir la situación de todos los implicados, el 10 de mayo se presentaron dos escritos: uno por parte del concejal Delmo Etchart de Unión vecinal, que pedía el desplazamiento de Tronchet, Capel, Aumenta y también de Di Meola; mientras que el segundo, expuesto por el edil Oscar Pagani de la UCR, pidió solamente la destitución de los tres primeros, que en definitiva fue lo que terminó ocurriendo. La decisión se tomó por 16 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones apenas dos días después de que el ex intendente haga su defensa en el Legislativo y los otros dos legisladores suspendidos se ausentaran ante la misma obligación.
Once días después, con su suspensión de noventa días concluida, Carlos Di Meola logró, por 11 votos contra 9, conservar su cargo político en el HCD, pero no solo eso: al retomar sus funciones, y más allá del repudio de buena parte de la oposición, pasó a ser el nuevo intendente, habida cuenta de que figuró primero en la lista de concejales del justicialismo el año anterior. Así, el hasta entonces Jefe Comunal Jorge Telmo Pérez, volvió a su puesto de concejal.
Di Meola iba a jurar el martes 24 de mayo a las 21, pero no pudo hacerlo por falta de quórum. De esa manera, después de tres horas de espera y en ausencia de buena parte de los concejales de la oposición, terminó por tomar el poder pasada la medianoche del 25.
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