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En su fallo, el Juzgado Federal de Mar del Plata asegura que la AFIP tiene facultades delegadas para dictar las normas reglamentarias, de aplicación y de fiscalización del decreto.
La justicia federal de Mar del Plata avaló una disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que obliga a los comercios a aceptar el pago con tarjetas de débito en todas las operaciones comerciales, al rechazar un pedido de inconstitucionalidad realizado por una cámara empresaria.
La polémica iniciativa, que tiene su réplica en la provincia de Buenos Aires por un proyecto de ley impulsado por el kirchnerismo, se inició en enero de este año, cuando el organismo nacional ratificó a través de una disposición la obligatoriedad de aceptar pagos con tarjetas de débito para todos los comercios de localidades con más de 5 mil habitantes sin piso ni techo y sin el cobro de recargos.
Las autoridades impositivas defendieron la medida al considerar que “esta reglamentación es importante en la lucha contra la evasión fiscal, porque al no aceptar tarjetas de débito se intenta llegar a la venta en efectivo que permite la no facturación y por consiguiente, la evasión fiscal”.
Sin embargo, la decisión fue impugnada ante la justicia federal, que terminó dándole la razón al organismo, al sostener que “no hay ninguna prueba de que la regulación viole los derechos de los contribuyentes”.
El tribunal de primera instancia se apoyó en un fallo de la Corte Suprema sobre un caso similar, donde el contribuyente que denunció la inconstitucionalidad de la norma asegurando que ésta viola sus derechos no pudo probar en ningún caso que exista la más mínima lesión a dichos derechos.
En su fallo, el Juzgado Federal de Mar del Plata asegura que la AFIP tiene facultades delegadas para dictar las normas reglamentarias, de aplicación y de fiscalización del decreto que, entre otros temas, crea el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las compras pagadas con tarjeta de débito.
Polémica bonaerense
En Buenos Aires, la polémica por la obligatoriedad del uso de las terminales de pago electrónico gira en torno a un proyecto de ley que pretende obligar a los comercios al uso de estos dispositivos con el fin de combatir la evasión impositiva y de aumentar la seguridad en las transacciones comerciales.
Si bien el año pasado el gobernador Daniel Scioli pidió ante la Asamblea Legislativa que la ley se apruebe, el trámite parlamentario es muy complejo. La iniciativa presentada por el senador kirchnerista Gustavo Oliva fue aprobada por unanimidad en la cámara Alta, que además debió insistir en su proyecto original tras los cambios incluidos por Diputados, que ahora deberá aceptar o rechazar los cambios.
Frente a esto, las autoridades parlamentarias estudian presentar otra iniciativa “de consenso”, que eleve el piso de facturación obligatorio para ofrecer el servicio, mientras negocia con las principales empresas prestadoras del sistema para reducir los costos del servicio y evalúa, como “plan B”, crear una aplicación propia a través de la estatal Provincia Net.
Frente a esta situación, este verano la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) echó mano a la disposición de la AFIP ratificada el lunes por la justicia y realizó controles para asegurarse que los comercios de la Costa Atlántica la cumplieran durante la temporada alta.
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