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Tras una inspección, denunciaron el maltrato físico y psicológico que alrededor de 60 personas, alejadas de sus familias y con padecimientos mentales, sufrirían dentro de la fundación.
El reclamo proviene de la Comisión Provincial por la Memoria a raíz de las denuncias que el periodista y escritor Pablo Galfre publicó en su libro “La Comunidad”, en donde no solo relataba la historia de Saulo Josías, un joven mendocino de 23 años que falleció el 14 de junio de 2013 en la Fundación San Camilo, ubicada en la localidad de Presidente Derqui, sino también la de Felipe Mariñasky, el 4 de junio de 2013, en el Hospital Evita tras un mes en coma y 10 años de internación en la fundación y la de Matías Lamorte fallecido en 2015, con causa abierta en la UFI Nº 3 de Pilar.
El organismo de derechos humanos presidido por Adolfo Pérez Esquivel, que había recibido meses atrás las denuncias de Galfre, reclamó el cierre de esta granja de rehabilitación. Tras haber realizado una inspección, la CPM informó “la existencia de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 60 jóvenes y adultos con padecimiento mental, y se tomó conocimiento también de un caso de abuso sexual contra un adolescente de 14 años. A esto se suma el precario estado edilicio del predio y la ausencia total de un enfoque integral acorde a lo que dispone la ley de salud mental”. Luego, se presentó un habeas corpus colectivo para “garantizar la seguridad e integridad de los usuarios”, junto con el fuerte reclamo de la inmediata clausura del lugar.
En el comunicado enviado por la Comisión Provincial de la Memoria se relata cómo los pacientes fueron internados, en su mayoría, bajo una orden judicial aunque ninguno de ellos conoce a qué departamento judicial pertenecen ni sus derechos de tener un defensor público. Según explica el comunicado, las internaciones se hacen afectando “deliberadamente” el vínculo de las personas internadas con sus familias, entornos laborales o sociales, constituyendo la “privación ilegítima de la libertad”. Por otra parte, aseguran que existirían prácticas de tortura, violencia física “delegada por los mismos directivos de la comunidad terapéutica en otros pacientes”. Posteriormente, la CPM asevera que "le son suministrados psicofármacos, encerrados en una habitación, desnudos y atadas de pies y manos a una cama. Además, permanecen encerrados durante una semana".
Finalmente, la CPM solicita en su informe que deben ser investigadas las denuncias a las comunidades terapéuticas, que tanto el Ministerio de Salud de Nación como el de Provincia, al igual que los organismos de Niñez controlen las comunidades públicas y privadas. “Ante estas graves violaciones a los derechos humanos, la CPM considera indispensable que la justicia ordene la inmediata clausura del lugar, resguardando especialmente la integridad de los niños, niñas y adolescentes allí alojados.”, finalizaron.
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