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Ayer, jubilados y pensionados se movilizaron a la Casa Matriz y la Casa Central de la entidad. El lunes se vence la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo.
En diciembre pasado, la aprobación de la ley 15.008 en el Congreso dio pie a una disputa entre el Gobierno bonaerense y los empleados del Banco Provincia que lejos está de terminar: ayer, jubilados y pensionados de la entidad se movilizaron para exigir que pongan un freno a la medida y que se abran canales de diálogo entre las partes. Es que la normativa modifica el régimen previsional vigente para los trabajadores, eleva la edad jubilatoria desde los 60 hasta los 65 años y promueve un nuevo sistema de variación salarial.
El cruce se agrava por la publicación de la ley en el Boletín Oficial el último martes, que representa el último paso administrativo antes de su aplicación. En el medio, una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo es la única traba para que los cambios dispuestos por la administración de María Eugenia Vidal entren en vigencia, pero se vence el lunes y por el momento no generó ningún avance en pos de acercar posiciones.
“Esta medida no es porque no queremos trabajar, sino porque la Gobernadora no quiere dialogar, ella es culpable de las acciones que vienen de ahora en más”, expresaron los trabajadores en medio de la manifestación de ayer. Es que, según denunciaron, la nueva ley no solo provocará una reducción de los haberes de los trabajadores actuales y jubilados del banco, sino el sistema propuesto por el Gobierno para paliar el “hueco fiscal” de 5 mil millones de pesos que hasta entonces salían de las arcas provinciales para cubrir salarios: a partir de ahora sería el banco, con sus recursos, el que debería hacerse cargo.
Los empleados reclamaron que la Caja de Jubilaciones del banco “es deficitaria y no por culpa de los empleados sino porque actualmente el banco terceriza tareas que antes eran realizadas por los trabajadores”. En ese sentido, aseguraron que se desfinanció luego de que se le quitaran las ganancias que eran de Provincia Seguros y que ahora el grupo Bapro “no aporta porque para ellos es un negocio más”.
El primer pedido de los empleados, como era previsible, fue dar marcha atrás con la medida; ya en el contexto de una negociación, imaginaron que cada una de las partes “resignaría algo” pero la ley fue promulgada y la situación se tornó más compleja. “Con esta falacia de que recibimos jubilaciones de privilegio hasta tenemos a la opinión pública en contra. Pero a partir del lunes estaremos en asamblea permanente y tomaremos decisiones o evaluaremos entre todos con quién tener un diálogo que todavía no existió”, concluyeron.
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