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La iniciativa del socialista Ricardo Vago busca que el organismo aplique la normativa correspondiente a las empresas Verasur y Tradec, por las denuncias de derrames de sustancias contaminantes. El Defensor del Pueblo bonaerense también tomaría cartas en el asunto.
Los proyectos presentados por el diputado socialista Ricardo Vago, para regular la situación de las empresas acusadas de contaminar en Parada El Gallo, fueron aprobados. El Organismo Provincial del Desarrollo Sostenible (OPDS) tendrá que aplicar la “normativa vigente” a Verasur y Tradec, dos de las industrias señaladas por los vecinos como las responsables de la complicada situación ambiental en el sitio.
Por otro lado, también se aprobó la iniciativa que requiere que el Defensor del Pueblo bonaerense intervenga en el asunto, debido a que Verasur fue clausurada en muchas ocasiones y nunca quedó en claro por qué se levantaron dichas medidas.
En Parada El Gallo son varias las empresas que realizan actividades cuya cuestionada gestión ambiental puede producir severos daños medioambientales, entre ellas: una refinería de petróleo, una planta de procesamiento de residuos peligrosos, una planta de limpieza de tripas para embutidos, una carbonera y una planta productora de asfalto. A esto se le suma un depósito fiscal de autos secuestrados que cubre una superficie de aproximadamente 4 hectáreas con centenares de autos en estado de abandono.
Esto motivó a presentar un proyecto de declaración que fue aprobado recientemente en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en el cual se pidió que se proceda a compactar, retirar los automotores acumulados y a realizar un saneamiento ambiental en la zona.
“Pude constatar la presencia de un bañado aledaño al predio de la planta el cual mostraba signos inequívocos de presencia de hidrocarburos. Personalmente pude ver una salida de agua negra con hidrocarburos, siendo la contaminación de público y notorio conocimiento”, expresó el legislador en su presentación al Defensor del Pueblo.
“Resulta evidente que los líquidos vertidos en este bañado terminan contaminando las napas de agua de las que se abastecen los vecinos para su consumo. A su vez, esa masa de agua se filtra y expande a lo largo de las zanjas que lindan con la calle El Tropero y sirven a modo de desagües esparciendo el nauseabundo líquido por todo el barrio”, amplió.
Por lo expuesto, Vago asegura que estas empresas (Verasur y Tradec) deberían estar instaladas en el Parque Industrial de Pilar, y no en el lugar de su actual emplazamiento, rodeados de viviendas con residentes permanentes, muchos de ellos niños, ancianos, y mujeres embarazadas, es decir, personas especialmente vulnerables a la contaminación ambiental y que requieren especial atención para ser preservadas de los efectos nocivos de dicha contaminación.
“Otro elemento importante a tener en cuenta es que estos emprendimientos industriales Categoría 3 también se encuentran rodeados por campos en donde se realizan actividades agrícolas y por granjas avícolas”, remarcó el diputado.
“Nos preguntamos si es compatible el funcionamiento simultáneo y a escasa distancia de una refinería de hidrocarburos y una planta de procesamiento de residuos tóxicos, junto a una granja aviar y a diversos campos con actividad agropecuaria de producción de vegetales para el consumo humano, principalmente hortalizas y leguminosas, especies vegetales que se nutren de gran cantidad de agua y nutrientes tomados del suelo”, acotó.
Vago indicó que en el 2013 había solicitado información sobre esta situación a través de un proyecto aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde entonces que el OPDS no emitió una respuesta al respecto.
En tanto, el referente socialista solicita la intervención del Defensor del Pueblo porque este tiene la facultad de “iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los hechos u omisiones de la Administración Pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones”.
También llama al ombudsman provincial por la falta de acción de las entidades públicas ante esta problemática de larga data. “Debe ejercer su misión frente a los hechos u omisiones de la Administración Pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente”, citó Vago en el proyecto.
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