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El Gobierno bonaerense promulgó una ley que permite embargar los terrenos ubicados en la localidad platense, donde un grupo de vecinos que se negaba a dejar el lugar fue desalojado por la policía.
En la jornada de hoy, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, convirtió en ley el proyecto que prevé expropiar un terreno ubicado en la localidad de Abasto, con el objetivo de realizar en el lugar un complejo de viviendas.
Dicha medida se tomó tras el desalojo que la policía realizó por disposición de la Justicia Penal de La Plata frente a las 750 familias que habían ocupado el predio.
Ante esta situación y luego del desalojo desatado en el predio distintas familias, agrupaciones políticas y sociales marcharon en dirección a las puertas del Palacio Legislativo donde se apostaron para reclamar su sanción.
Durante la movilización se hicieron presentes el diputado provincial del Frente de Izquierda, Christian “Chipi” Castillo; las dirigentes locales del FIT, Luana Simioni y Laura Kohn; el titular de la CTA provincia, Oscar de Isasi; el referente de Patria Grande, Leandro Amoretti, entre otros.
Tras esa situación el vicegobernador y presidente del Senado, Gabriel Mariotto, junto a legisladores del oficialismo y la oposición, impulsaron en la Legislatura la expropiación para construir en el predio de 40 hectáreas un complejo habitacional.
De este modo se declaró de “utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles ubicados en las intersecciones de las calles 520 a 530 y de 213 a 217 de la localidad de Abasto, los cuales, serán destinados al desarrollo de planes de vivienda, teniendo en cuenta a sus actuales ocupantes”.
Asimismo, la ley sostiene que los adjudicatarios deberán “destinar el inmueble a vivienda familiar”, no podrán "enajenar, arrendar, transferir o gravar total o parcialmente" el bien hasta la cancelación total del precio fijado y tendrán que “cumplir con las obligaciones fiscales que graven el inmueble desde la fecha de adjudicación”.
Y además, se prevé indemnizar a los legítimos propietarios de acuerdo al valor del bien expropiado, y vender los terrenos a las familias que ocuparon el lugar abonando cuotas mensuales que no podrán exceder el 10 por ciento de los ingresos del núcleo familiar y en un plazo no menor a diez años ni superior a veinticinco.
Por su parte, el senador provincial López Muntaner subrayó que la iniciativa “incorpora el compromiso por parte del Estado en avanzar un plan de viviendas en ese predio”, y aclaró que habrá “una planificación urbana en donde se tengan en cuenta los espacios públicos”, la construcción de una escuela y de una sala sanitaria.
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