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Según afirmaron, no está en condiciones de prosperar en un área de esa magnitud porque los dueños de las firmas son los mismos socios, algo que impide el Código de Minería nacional.
El proyecto carbonífero que pretenden impulsar sobre 600 mil hectáreas de la provincia tres firmas de origen argentino -y cuya viabilidad evalúa el Gobierno bonaerense- no está en condiciones de prosperar en un área de esa magnitud porque los dueños de las firmas son los mismos socios, algo que impide el Código de Minería nacional.
Así lo indicó el diputado bonaerense del Socialismo, Ricardo Vago, que viene investigando el proyecto que las firmas Delmo PTY LTD Argentina S.A., Claromecó Energy S.A. y Delmo PTY LTD Natural Resources S.A. presentaron ante el ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia buscando autorización para avanzar en la explotación de carbón mediante una técnica “poco probada y con antecedentes negativos” que pueden poner en riesgo el ambiente, afirmó el legislador.
En ese sentido, Vago presentó la semana pasada un proyecto de declaración para exigir que, en función de la ley provincial 13.569, se realicen audiencias públicas con los municipios de la Cuenca de Claromecó que podrían verse afectados de prosperar esta iniciativa. “Es estrictamente necesario que antes de que avance cualquier tipo de emprendimiento de exploración y/o explotación de los recursos energéticos presentes en esta cuenca se informe y consulte a la población”, sostiene la iniciativa legislativa.
Las 600 mil hectáreas pedidas por estas empresas corresponden a la región de Laprida y a otros distritos de la denominada cuenca de Claromecó que conforman, entre otros, Tres Arroyos, San Cayetano, La Madrid, Coronel Suárez, Tandil, Bahía Blanca, Coronel Rosales y Tornquist.
A partir de allí, se aprobó en la Legislatura un pedido de informes al ministerio de la Producción y el 2 de julio pasado, el propio titular de la cartera, Cristian Breitenstein, concedió una audiencia a Vago donde confirmó la existencia del pedido de exploración y cateo presentado por las empresas aunque aclaró que antes de avanzar en ello se pidió a las firmas que informaran si tienen vinculación entre ellas.
Esto, porque el Código de Minería nacional impide que a una misma razón social se le otorgue jurisdicción sobre más de 200 mil hectáreas. Ahora, Vago señaló que accedió a información que prueba que los socios de las tres empresas son los hermanos Guillermo y José De la Vega y que, por tanto, no estarían en condiciones de adjudicarse las 600 mil hectáreas que solicitan. En ese sentido, el legislador agregó que ya remitió la información a Producción.
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