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Ambas son explotadas por la compañía española Abertis, que extendió su contrato por 12 años. La tarifa de peajes se ajustará cada seis meses.
Una renovación polémica. El Gobierno Nacional resolvió que se extienda de manera automática la concesión de las autopistas que unen la provincia con la Ciudad de Buenos Aires. El nuevo contrato, que extiende por 12 años la concesión que culmina en el mes de abril, se acordó entre las empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), ambas controladas por Albertis.
Además, determinó que se ajuste el valor de los peajes cada medio año a través de la “cláusula gatillo”, comúnmente utilizada en el marco de las negociaciones paritarias, acorde al índice de inflación que se calcula por medio del Coeficiente de Estabilización de Referencia. El CER es un índice de ajuste diario que es estipulado por el Banco Central de la República Argentina para reflejar la evolución de la inflación, que toma como referencia de cálculo la variación que se registra en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realiza el INDEC.
El mismo coeficiente se empleó en diferentes negociaciones paritarias para garantizarle a los sindicatos –y en consecuencia, a los trabajadores- que no perderán poder adquisitivo ante los constantes incrementos de los precios. Para la discusión con la compañía que tiene la concesión de las autopistas, se acordó que si el CER supera el 10 por ciento a partir de la última actualización (que es del 13 en febrero) no se esperará al final del semestre para modificar el valor de los peajes.
Así, los aumentos se deberían mantener vigentes en el transcurso del año sin modificaciones, sobre todo si se tiene en cuenta que la meta inflacionaria que se prevé este año fue modificada en dos ocasiones. Por eso, para poder concretar cualquier tipo de aumento en los peajes se debe desarrollar previamente una audiencia pública, que en este caso tuvo lugar a principio de este mes y tuvo como único orador al Defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino, quien sostuvo que desde el Gobierno “interviene a favor de las empresas y en ningún momento en beneficio de la gente”.
También remarcó que no ve un Estado “imparcial que regule a favor de los que menos tienen”, sino que lo que aprecia es que el sector más poderoso “siempre tiene más reaseguros y puede reclamar por otros medios”. Y si bien aseguró que los funcionarios “tienen buena fe y están capacitados”, sostienen “una mirada contraria” a esta idea y “más cercana a las empresas que a los ciudadanos”.
En tanto, tampoco dudó a la hora de mostrarse en contra del sentido de las audiencias públicas que se desarrollan en la actualidad, ya que indicó que son “solamente formalismos, porque acá ya está todo decidido lo que se va a hacer”. Y sostuvo que, desde la Defensoría, lo que se busca hacer es brindar aportes “no solamente desde el lado técnico sino también desde el punto de vista político”, ya que consideró que hay “mucho para trabajar y mejorar” en lo que tiene que ver con la participación ciudadana.
Por ese motivo, manifestó la necesidad de que se “puedan generar canales y mecanismos de control modernos y veloces” que permitan “animarse a romper moldes viejos de dispositivos de control que ya se comprobó que no funcionan”. De esa manera, argumentó, se podrá lograr que el ciudadano “ejerza libremente su derecho al control a través de herramientas ágiles que estén a la altura de las nuevas demandas”.
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