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El Gobierno nacional oficializó este viernes un cambio de peso en el esquema de investigación criminal: mediante el Decreto 709/2025 publicado en el Boletín Oficial, aprobó la nueva reglamentación de la ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal, y dispuso que la autoridad de aplicación pase a depender del Ministerio de Seguridad.
La decisión implica un giro institucional, ya que hasta ahora el control de la base de datos estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Con la norma publicada este viernes, todo el acervo genético acumulado en el viejo registro deberá ser transferido al nuevo sistema, que no solo mantiene las funciones previas, sino que además amplía su alcance a la investigación de una mayor cantidad de delitos graves.
La cartera que conduce Patricia Bullrich quedará a cargo de administrar y resguardar la información genética vinculada a las investigaciones judiciales. Según los fundamentos del decreto, se busca consolidar una herramienta considerada “la más eficaz y certera” para la identificación criminal, clave en el esclarecimiento de causas, en la identificación de presuntos autores y en la exoneración de personas que no tuvieron participación en los hechos.
El decreto recalca que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y de los convenios internacionales suscriptos por la Argentina. Para reforzar esos resguardos, se establece que los perfiles genéticos se almacenarán en una base separada de la información filiatoria de los aportantes, de modo de evitar cruces indebidos y garantizar la protección de la identidad.
Asimismo, la reglamentación ordena llevar un registro pormenorizado de los funcionarios que accedan a la base de datos, garantizando trazabilidad y administración segura en cada intervención. Este mecanismo, señalan, es indispensable para evitar abusos y fortalecer la confianza en el sistema.
El decreto define que el registro incorporará prioritariamente perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados en causas por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados, considerados los delitos de mayor impacto social y violencia. No obstante, se aclara que la herramienta estará disponible para otras investigaciones que la Justicia considere pertinentes.
Además, la norma amplía el objeto del registro más allá de la investigación penal: también podrá utilizarse para la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como para discriminar las huellas genéticas de personal policial, forense o judicial que intervenga en una escena del crimen. De esta manera, se apunta a reducir la revictimización de las personas afectadas por hechos delictivos y a mejorar la eficacia de los peritajes.
La transferencia del registro al Ministerio de Seguridad refleja un cambio estratégico del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado. La centralización en la cartera que dirige Bullrich busca acelerar los procesos de carga y cruce de datos en investigaciones vinculadas al narcotráfico, las redes de trata y otros delitos complejos. Desde el Ejecutivo, remarcan que el uso de la individualización genética constituye un salto de calidad para esclarecer causas y brindar respuestas más rápidas a la sociedad.
“Se trata de una herramienta que protege tanto a las víctimas como a las personas injustamente acusadas, porque permite delimitar con mayor precisión quién estuvo involucrado en un hecho y quién no”, señalaron fuentes oficiales.
La reglamentación, que reemplaza a la de 2017, se inscribe en un contexto de creciente debate público sobre seguridad y narcotráfico, y apunta a reforzar la capacidad del Estado para dar respuestas frente a delitos de alta complejidad.
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