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El Gobierno bonaerense declinó los convenios que había pactado con municipios alineados al Frente Renovador. Las actas disponían que las comunas registraran embarcaciones y se quedaran con la mitad de lo recaudado de ese impuesto.
En una decisión que puede llegar a levantar polvareda política, el gobierno bonaerense decidió rescindir los convenios que había firmado con tres municipios gobernados por el Frente Renovador por el que los distritos se encargaban de registrar embarcaciones y a cambio se quedaban con el 50% de la recaudación.
Se trata de Tigre, San Fernando y San Isidro, las comunas de la zona norte del Delta donde existe el mayor número de barcos de la Provincia. La razón para suspender los acuerdos es que, según indicaron fuentes oficiales, “registramos desidia en la administración del impuesto a las embarcaciones”.
En cambio, el cuarto convenio que había firmado la Agencia de Recaudación (Arba) con el municipio de Vicente López, seguirá vigente. En ese distrito gobierna el dirigente del Pro, Jorge Macri. Según trascendió, luego de cruzar datos con Afip y analizar las imágenes que aporta el programa de Monitoreo Estratégico Satelital Integrado, Arba detectó irregularidades en la situación fiscal de 25 mil yates y, en los próximos días, comenzará a intimar a sus propietarios para que los inscriban en la Provincia y cumplan con el pago del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.
Estos barcos de recreación están amarrados o tienen guardería en jurisdicción bonaerense, pero sus dueños nunca los declararon ante el fisco provincial para evadir el pago de tributos, y por ese motivo la Agencia de Recaudación les reclama una deuda conjunta de $60 millones, según dijeron fuentes del organismo recaudador. En rigor, se trata de una primera etapa en el proceso de intimaciones que continuará en los próximos meses hasta alcanzar a todos los evasores, ya que según estimaciones del organismo el 80% de los dueños de embarcaciones deportivas evita inscribirlas ante el fisco bonaerense para no tributar en la Provincia.
El director de Arba, Iván Budassi, aseguró que “para detectar a los propietarios de las embarcaciones sin declarar fue fundamental el cruce de datos que instrumentamos con Afip”, y subrayó que “con esa información, sumada a los controles presenciales y las imágenes satelitales, podemos individualizar los yates, conocer de qué tipo son, calcular su valor y localizar a los dueños”.
Al mismo tiempo, destacó que “las embarcaciones de aquellos contribuyentes que no regularicen su situación serán incorporadas de oficio a los registros de la Provincia y sus propietarios deberán pagar multas e intereses, además de los impuestos omitidos”.
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