El Ministerio de Justicia de la Nación informó que los vehículos que circulen sin patente, con chapas provisorias vencidas o con placas adulteradas enfrentarán sanciones que pueden alcanzar los $800.000, convirtiéndose en una de las multas más onerosas del sistema vial argentino. La disposición alcanza también a aquellos rodados que transiten con patentes tapadas, una maniobra que en muchos casos se utiliza para evitar el registro de las cámaras de fotomultas.
La medida se enmarca en un proceso de normalización en la entrega de chapas metálicas para vehículos 0 kilómetro, luego de meses de faltantes que complicaron a los nuevos propietarios. Según el Gobierno nacional, la situación ya está resuelta, aunque todavía en las calles del país se observan muchos automóviles y motos con las denominadas “patentes de papel”, es decir, identificaciones provisorias que reemplazan transitoriamente a las chapas oficiales.
De acuerdo con la normativa vigente, las patentes provisorias tienen una validez máxima de 60 días a partir de la fecha de emisión. Durante ese período deben colocarse de manera visible en el parabrisas y en el vidrio trasero del vehículo, si lo hubiera. Cumplido ese plazo, la utilización de la identificación provisoria constituye una infracción y expone al propietario del rodado a la sanción de hasta $800.000.
Desde el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, remarcaron que los conductores y las fuerzas de seguridad pueden verificar en línea la disponibilidad de las patentes para su retiro en el sitio web de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA). Por lo tanto, la falta de la chapa metálica ya no constituye una excepción sino una falta que corresponde ser sancionada en los controles de tránsito.
El déficit en la entrega de patentes tuvo su origen hacia mediados de 2023, en un contexto de restricciones a las importaciones. La producción de chapas metálicas requiere insumos que no se fabrican en el país y cuya llegada se vio comprometida por las trabas al comercio exterior. El problema se agudizó cuando la Casa de la Moneda cerró el área encargada de su fabricación, lo que derivó en un cuello de botella que se extendió durante meses.
La situación se agravó a comienzos de 2024 con el cierre de más de 130 registros del automotor, en el marco de la política de reducción del aparato estatal y de digitalización impulsada por el Gobierno. A partir de ese cambio, se avanzó en la implementación de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), lo que también implicó una reorganización de los procesos de entrega de documentación y chapas.
El faltante coincidió con un boom en la venta de vehículos 0 kilómetro. En el primer semestre de 2025, el mercado alcanzó niveles récord, con 444.041 unidades patentadas en los primeros ocho meses del año, lo que representa un incremento del 65,6% respecto de 2024. La demanda histórica sumó presión a un sistema ya afectado por la escasez de materiales y por la transición administrativa.
Como consecuencia, diversas asociaciones de gestores y fuentes del mercado automotor estiman que actualmente circulan en el país unos 180.000 vehículos sin patente y alrededor de 410.000 con patentes provisorias. Esta situación se tradujo en un mayor número de rodados en infracción y en la preocupación de las autoridades por garantizar el control vial.
Desde la administración libertaria niegan que exista un problema estructural con las chapas y aseguran que el operativo de distribución permitió superar el faltante. “El operativo de entrega masiva que llevamos adelante permitió reforzar la disponibilidad en todas las jurisdicciones, acompañando el récord en la venta de automóviles 0 kilómetro, que alcanza los mejores niveles desde 2018 y refleja un crecimiento sostenido del sector”, indicaron fuentes del Ministerio de Justicia.
Además, remarcaron que actualmente “está totalmente regularizada la entrega de chapas patentes de 0km” y aseguraron que existe un stock disponible de más de 55.000 patentes listas para ser retiradas en los registros habilitados.
La decisión de endurecer los controles y aplicar multas de hasta $800.000 busca desalentar la circulación de vehículos sin identificar, una problemática que no solo complica el tránsito y la seguridad vial, sino que también impacta en el combate contra el delito, ya que las patentes son un elemento central para la trazabilidad de los rodados.
De esta manera, quienes aún circulen con patentes provisorias vencidas o intenten esquivar las fotomultas tapando o adulterando las chapas quedarán expuestos a sanciones ejemplificadoras, en un escenario en el que la normalización de la entrega de las placas ya no deja margen para excusas.
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