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La propuesta busca obligar a los funcionarios bonaerenses a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, con el objetivo de generar una mayor transparencia. Un proyecto similar había sido presentado el año pasado por el GEN.
Senadores de la UCR y el Frente Renovador presentaron un proyecto de ley de Ética Pública para la provincia de Buenos Aires, reflotando una iniciativa del GEN que perdió estado parlamentario y, entre otras cosas, pretendía obligar a los funcionarios bonaerenses a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.
La presentación fue realizada por Gustavo De Pietro (UCR) y Sebastián Galmarini (Frente Renovador), quienes explicaron que la iniciativa “establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades para los funcionarios públicos bonaerenses, renueva íntegramente el régimen de declaraciones juradas patrimoniales que deben presentar ampliando el universo de las personas comprendidas y reformando el sistema de presentación, conservación y publicidad de las mismas”.
La iniciativa prevé además la conformación de una Comisión Provincial de Ética Pública, organismo que será el encargado de la recolección de la información y actuará como controlador del cumplimiento de la ley. Entre sus funciones, este organismo deberá bregar por la prohibición de la difusión de publicidad oficial que implique la promoción personal de los funcionarios.
Los legisladores señalaron que “el principal objetivo de la propuesta es dotar de mayor transparencia al ejercicio de la función pública”. Un proyecto similar presentado por el senador del GEN, Ricardo Vázquez, perdió estado parlamentario a fines del año pasado, luego de permanecer casi dos años sin tratamiento en Diputados, que debía darle sanción definitiva tras su aprobación en el Senado.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que instaura nuevas normas para la presentación y publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios. Esta presentación llega en momentos en que algunos dirigentes le reclamaron al gobernador Daniel Scioli la publicación de su declaración patrimonial.
Asimismo, De Pietro señaló que “el proyecto amplía el universo de funcionarios comprendidos en el régimen, obliga a presentar la declaración jurada patrimonial a las 72 horas de haber asumido en el cargo, a renovarla anualmente y a comunicar dentro de los 30 días de producida cualquier modificación sustancial del patrimonio. Además se incorpora también el deber de presentar una última declaración jurada a los 30 días de haber cesado en el cargo, a la par que mantener actualizada la información hasta dos años después de ese hito”.
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