La Justicia obligó a la empresa a retrotraer la suba y devolver los montos cobrados de más a los usuarios. El máximo tribunal provincial hizo lugar al reclamo de asociaciones que reclamaban por la invalidez de la medida.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense suspendió el aumento del 180 por ciento en el servicio de agua que la empresa estatal ABSA cobra desde mayo de 2012 y ordenó devolver el monto pagado de más por los usuarios.
En un duro fallo, el máximo tribunal bonaerense hizo lugar al reclamo de asociaciones de usuarios que reclamaban desde 2012 por la invalidez del aumento, al considerar que se había aplicado sin la realización de una audiencia pública en la que se discutieran las razones del aumento.
El “tarifazo” del servicio de agua comenzó a cobrarse con las boletas de junio de 2012 de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 245/12, que elevó de 0,607 a 1,693 (un 180 por ciento) el metro cúbico de agua potable. En ese entonces, el Gobierno bonaerense alegó que las tarifas no se actualizaban desde 2008 y que habían quedado “desactualizadas por el incremento de los costos que debe afrontar la empresa prestadora para la operación, el mantenimiento y las inversiones básicas para asegurar la prestación adecuada del servicio”.
En el fallo del 3 de diciembre pasado la Corte bonaerense calificó el incremento como “intempestivo e inconsulto” y justificó la decisión de suspenderlo al considerar que el mismo fue “aplicado sin contemplar la capacidad contributiva de los distintos segmentos de usuarios del servicio”.
Por ello, el máximo tribunal declaró la nulidad del aumento y ordenó a la empresa devolver la suma cobrada de más durante dos años y medio, imputando el importe a futuras facturaciones del servicio, en cuotas que deberán ser fijadas por la instancia judicial inferior.
Frente a la medida, que podría complicar seriamente las finanzas de la empresa, la Fiscalía de Estado bonaerense analiza por estas horas apelar el fallo ante la Corte Suprema de la Nación, movida que desde ABSA ya dan por hecho.
Con esta maniobra judicial, el Gobierno buscará que la anulación del aumento quede en suspenso, al menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
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