Un amplio grupo de intendentes de todo el país, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires y nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), se movilizó este martes hacia el Ministerio de Economía, frente a la Casa Rosada, con el objetivo de entregar un petitorio al ministro Luis Caputo en el que reclaman el envío de fondos retenidos, la reactivación de la obra pública y una reducción en el precio de los combustibles.

La convocatoria reunió a más de un centenar de jefes comunales alineados tanto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof como con el espacio referenciado en Máximo Kirchner, en una muestra de unidad poco frecuente que buscó ejercer presión sobre el Gobierno nacional. El reclamo incluyó además el pedido de retrotraer el precio de las naftas al 1 de marzo, tras el incremento cercano al 23% registrado desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

La movilización fue organizada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien encabezó la entrega del documento ante la ausencia de Caputo, que se encontraba disertando en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). "El reclamo es federal, incluye a más de 150 intendentes de todo el país. Exigimos al Gobierno nacional que baje el precio del combustible y que ejecute las obras que tiene la obligación de realizar con esos fondos", expresó Katopodis.

El funcionario también fue contundente al cuestionar la administración de los recursos: "Es un fraude, un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los argentinos que cargan combustible, porque una parte de ese valor está destinada a obras de infraestructura", afirmó. Durante la jornada estuvo acompañado por otros integrantes del gabinete bonaerense como Carlos Bianco, Cristina Álvarez Rodríguez y Silvina Batakis.

Según un informe del Instituto Argentina Grande, el Gobierno nacional habría recaudado $6,1 billones en dos años y cuatro meses a través de impuestos que, por ley, deben destinarse a obras públicas, pero que no habrían sido ejecutados. Ese monto incluye $3,1 billones del ex impuesto PAIS y otros $3 billones correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Desde el entorno de la administración bonaerense señalaron que en más de dos años de gestión "no se construyó ni un solo kilómetro de ruta" y que tampoco hubo mantenimiento ni planificación de nuevas obras viales estratégicas. Asimismo, denunciaron la paralización de proyectos hídricos, sanitarios, educativos y de infraestructura social, lo que -advirtieron- impacta directamente en el desarrollo productivo y la calidad de vida de la población.

Entre los intendentes presentes se destacaron Mariel Fernández (Moreno), Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Moreira (San Martín), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso). También participaron referentes vinculados a La Cámpora como Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham) e Iván Villagrán (Carmen de Areco), junto a dirigentes de otros espacios políticos, incluidos sectores del radicalismo.

En ese marco, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, remarcó el carácter transversal de la convocatoria. "Este es un hecho histórico. Hay intendentes de todos los colores políticos porque el impacto de la política económica es devastador. La coparticipación cayó en promedio un 24% y no hay recursos para sostener los municipios", sostuvo. Además, alertó sobre el deterioro social: "¿Qué hacemos con la gente que se endeuda para comer? Están quebrando productores y cerrando empresas todos los días", agregó.

Por su parte, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, advirtió sobre la crítica situación que atraviesan los gobiernos locales. "Somos la primera línea de contacto con los vecinos y vemos todos los días cómo se agrava la situación. El Ministerio de Economía es cínico cuando responsabiliza a los municipios por la presión impositiva, cuando en realidad son los tributos nacionales los que más inciden en los costos", afirmó.

En la misma línea, el jefe comunal de Patagones, Ricardo Marino, subrayó la necesidad de una postura conjunta y reclamó que el Gobierno nacional escuche los planteos de las provincias. "Este ajuste nos está perjudicando notablemente. En mi distrito ya hay situaciones de hambre", aseguró.

Los intendentes coincidieron en que, sin asistencia nacional, se vuelve cada vez más difícil sostener servicios básicos y políticas sociales en los territorios. Ante la falta de respuestas, algunos no descartaron avanzar en la judicialización de los reclamos para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley en materia de financiamiento y obra pública.